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incremento de las multas por conducir bebido

Incremento de las multas por conducir bebido

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 26 de julio un anteproyecto de ley para modificar parcialmente la ley de tráfico e introducir un incremento de las multas por conducir bebido.

incremento de multas por alcohol y drogasEste incremento es solo una de las reformas introducidas, además de dicha reforma se incluyen otra serie de medidas como por ejemplo la obligatoriedad del uso del casco en menores de 18 años que vayan en bicicleta por cualquier tipo de vía; y se mantiene la obligatoriedad para mayores de 18 años que circulen en bicicleta por vías interurbanas.

En cuanto al alcohol y las drogas al volante, especialmente el tema de las drogas, se han introducido como respuesta al extraordinario incremento en la presencia de estas sustancias en los controles de detección en los últimos años. Se han alzado muchas voces críticas en contra de este incremento de la cuantía de las multas por conducir bebido, principalmente critican su carácter aparentemente recaudatorio. El Gobierno alega que el alcohol, y sobre todo las drogas últimamente, se están convirtiendo en un problema grave para la seguridad vial.

En este sentido la nueva normativa distingue entre la regulación administrativo-sancionadora, que castiga la mera presencia de drogas en el organismo del conductor; del tipo penal que tipifica la influencia de las drogas en la conducción (artículo 379.2 del Código Penal. También se recoge por primera vez el método de detección de este tipo de sustancias, método que ya estaba previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que se ha demostrado jurídicamente seguro, viable policialmente y poco intrusivo para el ciudadano, consistente en la extracción de una muestra salival mediante dispositivo autorizado y su posterior análisis.

El consenso es mucho mayor en el tema de las drogas, sin embargo en el tema del alcohol, el incremento de la cuantía de las multas ha despertado las sospechas de un posible afán recaudatorio detrás de esta subida, evidentemente, tanto si existe como si no, es muy difícil demostrar dicho afán teniendo en cuenta el incremento que ha habido ya que, por lo general, la línea que separa el afán recaudatorio de la búsqueda de una mayor seguridad vial es extremadamente fina. Así, las multas por conducir con una tasa de alcoholemia superior a la establecida o en presencia de drogas pasará de los 500 euros actuales a los 1.000 euros.

Es evidente que detrás de muchos accidentes están factores como el exceso de velocidad, exceso de confianza, drogas y alcohol, nadie puede dudar de esto; sin embargo, los niveles de alcoholemia permitidos en la actualidad son tan bajos, y la tolerancia de cada persona es tan diferente, que se corre el riesgo de convertir esta norma en injusta, ya que una tasa de alcoholemia de 0,30 no afecta a la conducción en la misma medida a un varón de 100 kilos de peso y 190 cm de estatura, que a una mujer de 47 kilos de peso y 150 cm de estatura, por lo tanto, excederse de la tasa de alcoholemia permitida no puede suponer el ir “bebido” conduciendo, entendiendo por “bebido” una grave perturbación de las facultades psicomotrices que provoca una conducción manifiestamente temeraria e imprudente, es por esto que las voces críticas de esta reforma denuncian un posible afán recaudatorio, ya que con los límites actuales es extremadamente fácil excederse de la tasa de alcoholemia permitida.

Otra de las novedades muy criticadas es la de la prohibición del uso de detectores de radares, de forma que si se detectan puede incurrirse en sanción administrativa con pérdida de puntos incluida, además se regula la inclusión de radares de tramo en nuestras carreteras, tras haber probado con éxito su efectividad. Medida controvertida esta pues aunque es cierto que el exceso de velocidad está detrás de muchos accidentes, no es menos cierto también que muchos radares están situados en zonas donde un moderado exceso de velocidad (respecto de la máxima permitida), no supone un aumento de la peligrosidad, hablamos de tramos de autovía de varios carriles en perfecto estado y en línea recta; mientras que en carreteras secundarias, en mal estado, de doble sentido y poco iluminadas durante la noche, no hay ningún radar que controle el exceso de velocidad, siendo además este tipo de carreteras las que más accidentes generan.

Junto a estas, se han introducido medidas de seguridad respecto a los conductores y ocupantes de los vehículos, de manera que los ocupantes menores de edad podrían ocupar los asientos delanteros o traseros en función de su talla. Esta medida aún debe ser desarrollada con posterioridad por el Reglamento General de Circulación. Esta medida responde a la necesidad de adaptarse al futuro Reglamento General de Circulación que prepara el Gobierno Central de la Unión Europea, en función de los avances que se vayan produciendo en materia de seguridad.

También se introducen medidas relativas a las obras que se vayan a realizar en las vías, debiendo comunicarlas previamente a las autoridades de gestión y regulación del tráfico; inmovilización de vehículos de clase D (autobús) o C (Camión) conducidos sin el correspondiente permiso; o circular con un vehículo que va perdiendo la carga por la vía debido a un mal acondicionamiento y poniendo en peligro a los demás conductores. Todo esto supondrá sanciones más graves con la nueva regulación.

Certificación de correos electrónicos

El correo electrónico certificado como prueba judicial

El correo electrónico certificado como prueba judicial también podrá ser usado junto al burofax.

Certificación de correo electrónicoMuchas veces nos ocurre que las comunicaciones con una empresa que nos presta un servicio, por regla general suelen ser, salvo excepciones, o bien vía telefónica; o bien vía correo electrónico. En este contexto, existe como una “leyenda urbana” consistente en qué, en caso de conflicto con una empresa que nos presta o ha prestado un servicio, o que nos ha vendido un producto determinado, tan solo el burofax, entendido como fax certificado con acuse de recibo, sirve como prueba ante los tribunales ordinarios, en caso de que quisiéramos iniciar actuaciones al sentirnos perjudicados en algo.

Si bien es cierto que el burofax es el medio probatorio por excelencia en este sentido y es el visto “con mejores ojos” por los tribunales ordinarios, no es menos cierto que no se trata del único medio probatorio existente. Muchas empresas de certificación electrónica generan actas de comunicación que demuestran la transmisión, el contenido íntegro y el acuse de recibo de todos los correos electrónicos que hayan sido validados, en otras palabras, convierten nuestros correos electrónicos en auténticos burofaxes, con la indudable ventaja que ello conlleva de cara a otorgarles un valor probatorio ante los tribunales ordinarios.

Y es que, a raíz de un auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 21 de marzo de 2013, se ha confirmado la validez jurídica, como medio probatorio, de las notificaciones realizadas vía e-mail entre, por ejemplo, un procurador y un cliente moroso; o entre un cliente y una empresa incumplidora. La razón de que el Tribunal Supremo haya tomado esta decisión radica sobre todo en el hecho de que el correo electrónico en cuestión que quiera aportarse como medio probatorio, haya sido validado por alguna empresa dedicada a las certificaciones electrónicas.

La tecnología, las empresas de certificación y la legislación (artículo 162 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), existían, pero faltaba la jurisprudencia del Alto Tribunal para corroborar lo que ya era un secreto a voces. Esto supone un verdadero espaldarazo al mercado de las comunicaciones digitales certificadas. Las ventajas, irónicamente, sobre el correo tradicional certificado o burofax, es que éste no siempre llega realmente a su destinatario, judicialmente se crea la presunción de que el burofax con acuse de recibo, da por notificado al interesado, pero en la realidad puede ocurrir que no siempre llega al destinatario; sin embargo, los correos electrónicos certificados a través de estas empresas especializadas, constituyen una herramienta perfecta para cerciorarse de que efectivamente el correo electrónico llegó al interesado y fue abierto, por lo que pudo ser visible su contenido.

Son muchas las empresas que se dedican a este mercado, entre ellas, Evicertia, Lleida.net European Agency of Digital Trust, llevan varios años ofreciendo este tipo de servicios. Y es que, un correo electrónico normal y corriente, puede ser impugnado ante un Tribunal con relativa facilidad: el correo pudo borrarse, pudo no ser abierto, pudo no llegar, etcétera, etcétera. El ejemplo más de rabiosa actualidad es el famoso “Caso Nóos”, que ha imputado a los Duques de Palma en una presunta trama de corrupción. Sin embargo, impugnar un correo electrónico certificado es casi imposible, ya que las empresas de certificación recogen todo tipo de pruebas de la comunicación, actuando como un tercero de confianza, y depositan ante notario las actas de comunicación que prueban la transmisión, el acuse de recibo, las fechas de envío, el contenido íntegro del correo, identidad del remitente, destinatario y direcciones IP de todos los implicados.

Hasta ahora, el correo certificado tradicional era la regla, y el correo electrónico la excepción, sin embargo, la legislación está cambiando, ya el nuevo Código Mercantil, por ejemplo, está orientado hacia la comunicación digital. En la Unión Europea hay una propuesta de Reglamento para 2014 que pretende desarrollar la temática de la “confianza electrónica”, liberalizando el mercado de las certificaciones electrónicas y apoyar este tipo de actos considerándolos comunicaciones fehacientes, lo cual supone otro espaldarazo más y puede que definitivo, a este nuevo mercado.

Para los expertos, en un futuro, no muy lejano, incluso la administración pública terminará por adoptar este sistema, incluyendo a la administración de justicia por supuesto, todo está siendo digitalizado, y en países como Alemania, Finlandia o Reino Unido, ya es una realidad. Además de todas estas ventajas, resulta ser un sistema mucho más barato que la certificación de correo tradicional y eso, en un periodo de crisis como el que atravesamos, es una indudable ventaja.

El Decreto andaluz antidesahucios paralizado por el constitucional

El Decreto andaluz antidesahucios paralizado por el constitucional durante cinco meses.

Ha sido admitido a trámite el recurso que planteó el Gobierno ante el Tribunal Constitucional contra el Decreto andaluz antidesahucios ayer jueves. El hecho de que el constitucional admita a trámite este Decreto por sí mismo, implica que el Decreto quedará paralizado durante al menos cinco meses, mientras el constitucional decide sobre la citada norma y aclara si es o no encajable en nuestra constitución. Ahora el Tribunal trasladará la demanda al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno y al Parlamento andaluz, a través de sus presidentes. Ahora disponen de un plazo de 15 días para personarse y formular las alegaciones que estimen oportunas.

Pasados esos cinco meses, el constitucional deberá decidir y al final de dicho plazo, o bien la mantiene suspendida, o levanta la suspensión, lo que está claro es que esa ley dejará de funcionar durante los próximos cinco meses. El Decreto fue recurrido por el Gobierno el pasado 28 de junio de 2o13; el Decreto en sí prevé la posibilidad de expropiar viviendas vacías a los bancos para usarlos en alquileres sociales. El pasado 4 de julio de 2013, el constitucional dio la razón al Gobierno y consideró que existían razones suficientes para interponer recurso de inconstitucionalidad.

El Gobierno entiende que el Decreto afecta al contenido esencial del derecho a la propiedad de una vivienda, que es una norma reservada a las Cortes Generales, estableciendo una sanción que va al margen del principio de culpabilidad que rige la constitución y además actúa en contra del principio de igualdad. En este sentido, el Gobierno cree que una norma de este tipo, debería ser estatal para garantizar la igualdad entre todos los españoles, y evitar que cada Comunidad Autónoma tenga una normativa diferente al respecto, a esto le unimos las suspicacias que dicha norma ha levantado en el seno de la Unión Europea. No obstante el Gobierno ha reiterado el máximo respeto a la normativa constitucional, pero entiende que ésta debe estar en consonancia y armonía con la normativa europea.

Desde que el mencionado Decreto entró en vigor el 12 de abril de 2013, la Junta de Andalucía ha iniciado 12 expedientes de expropiación temporal sobre 12 viviendas, defendiendo que la norma es totalmente constitucional y tiene legalidad jurídica plena, respetando escrupulosamente el Estatuto de Andalucía y la Constitución Española.

Ahora queda esperar estos cinco meses para saber que será de esta nueva Ley Antidesahucios, si finalmente será de aplicación solo en Andalucía o bien será de aplicación a nivel nacional o bien será anulada por completo.

Aprobado el nuevo proyecto de Ley de Seguridad Privada en España

Aprobado el nuevo proyecto de Ley de Seguridad Privada en España en el Consejo de Ministros del pasado viernes 14 de junio.

Ley de la Seguridad PrivadaEste nuevo texto legal va a definir la seguridad privada como complementaria, subordinada, colaboradora y controlada por la Seguridad Pública. Este proyecto de ley ha sido presentado en el Consejo de Ministros por el Ministerio del Interior e impulsará la coordinación y la cooperación entre los sectores de seguridad pública y privada, lo que abrirá la posibilidad de prestar nuevos servicios que la sociedad estaba demandando y que no estaban recogidos en la anterior normativa de 1992. La nueva ley también combatirá y castigará con dureza el intrusismo, con sanciones e incluso el cierre, de aquellas empresas que contravengan la nueva regulación.

La seguridad privada en España ha experimentado un rápido desarrollo en los últimos años, generando un crecimiento espectacular de este sector, que está compuesto en la actualidad por unas 1.490 empresas, dando trabajo a más de 85.000 personas y con una facturación de 3.215 millones de euros, según los últimos datos de 2012. España es uno de los estados más policiales de toda la Unión Europea, hay alrededor de 516 agentes por cada 100.000 personas, muy superior a los 385 de media que hay en la Unión Europea, sin embargo, la seguridad privada apenas llega a los 195 por cada 100.000 personas, 76 menos que la media europea.

En su momento, la legislación sobre seguridad privada en España, en 1992, fue considerada pionera e imitada por todos los países de nuestro entorno, sin embargo, han pasado 20 años desde entonces, y su aplicación ha quedado obsoleta y alejada de la realidad actual, generando inseguridad jurídica y amplias lagunas.

El anteproyecto fue presentado por la cartera de interior el pasado 12 de abril ante el Consejo de Ministros, una vez hecho esto, entregó otra copia del mismo a las entidades representativas del sector de la seguridad privada en España. En estos dos meses desde abril hasta junio, han recibido 44 observaciones de varias entidades del sector, detectives privados, sindicatos, gremios de joyeros, así como la FEMP y la Generalitat de Cataluña, además de sendos informes de la Agencia Española de Protección de Datos, Comisión Nacional de la Competencia y Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

A partir de ahora la nueva Ley de Seguridad Privada recogerá el deber de comunicar los contratos al Registro Nacional de Seguridad Privada, sin que dicha comunicación, incluya datos de carácter personal. Se refuerza también el deber de secreto profesional de los detectives privados que solo podrán informar de sus investigaciones a sus clientes, jueces y policías, en el ejercicio de sus funciones. En materia competencial Estado-Comunidades Autónomas, cuando éstas últimas tienen la competencia transferida en esta materia, el texto deja clara la distribución de estas competencias. Otra novedad es la liberalización de la consultoría de seguridad, es decir, si antes se necesitaba la elaboración de un informe de riesgos, planes y auditorías de seguridad, todas ellas actividades que necesitan autorización, ahora se sustituyen determinadas autorizaciones previas para el ejercicio de ciertas actividades por declaraciones responsables (sin perjuicio de la facultad de comprobación administrativa). Finalmente, habrá servicios que no podrán realizar las empresas de seguridad privada, como son las investigaciones privadas, que las llevarán a cabo agencias de detectives.

La Comisión Nacional de la Competencia estará lista en cuatro meses

La Comisión Nacional de la Competencia estará lista en cuatro meses según apuntó ayer el Gobierno.

Comisión Nacional del Mercado y la CompetenciaA pesar de que la ley que regulará el funcionamiento de esta nueva entidad independiente ha entrado hoy en vigor, no será hasta dentro de 4 meses cuando empiece la comisión a funcionar de manera efectiva. Así, el Gobierno aprobará en los próximos dos meses el estatuto orgánico de la nueva CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), que regulará su estructura orgánica, la distribución de competencias entre sus diferentes órganos y el régimen de su personal; en los siguientes dos meses se aprobará el nombramiento de los diez integrantes de esta nueva comisión.

Por lo tanto, aún está pendiente de aprobación el nombramiento del presidente de la citada comisión y sus integrantes, un total de diez miembros, que serán nombrados por el Gobierno, pero ratificados después por la Comisión de Economía del Congreso, que podría vetarlos. En la norma también se especifica que la puesta en funcionamiento de la Comisión Nacional de la Competencia se considerará una circunstancia extraordinaria que, conforme a la legislación específica aplicable, permitirá la ampliación del plazo máximo para resolver los procedimientos sometidos a caducidad o afectados por el silencio administrativo.

La razón de ser de esta nueva comisión es aunar en uno solo, todos los organismos reguladores, pero separando en dos salas diferentes, los temas relativos a la competencia, de los temas de supervisión. Este cambio se introdujo debido al recelo de la Unión Europea ante la unificación pura de todos los reguladores. De esta forma, la sala especializada en competencia estará dirigida por el presidente de la comisión; mientras que la segunda será dirigida por el vicepresidente. Habrá diez consejeros, cinco por cada sala. El mandato de los miembros de la comisión será de seis años sin posibilidad de reelección y la renovación de los miembros será parcial cada dos años, de esta forma, ningún miembro del consejo permanecerá en el cargo más de seis años.

Factor de Sostenibilidad de las Pensiones

Expertos analizan la sostenibilidad de las pensiones

Expertos analizan la sostenibilidad de las pensiones y pretenden cerrar su informe para mañana viernes 7 de junio de este 2013.

Factor de Sostenibilidad de las PensionesEl Gobierno encargó en su día a una comisión de expertos la consecución de un informe sobre la sostenibilidad de las pensiones. La razón de elaborar este informe parte de las exigencias con las que Bruselas está presionando al Gobierno español para que introduzca en su sistema el llamado “factor de sostenibilidad de las pensiones“, una reforma totalmente necesaria debido a determinados factores que están poniendo en juego la viabilidad de las pensiones a largo plazo, entre dichos factores hay elementos como el aumento de la esperanza de vida y la disminución de los índices de natalidad, ambos factores aumentan el número de pensionistas, reduciendo el número de contribuyentes, lo cual obviamente, resulta insostenible a largo plazo.

Tras más de un mes de deliberaciones, la comisión de expertos ha decidido reunirse mañana con la finalidad de entregar al Gobierno un documento final con su propuesta de sostenibilidad, de manera que sea remitido inmediatamente al Pacto de Toledo que firmaron todos los partidos políticos en aras a asegurar el sistema de pensiones a largo plazo. Así el Ejecutivo podrá consensuar cuanto antes con los Grupos Parlamentarios y los agentes sociales, el diseño del factor de sostenibilidad de las pensiones, y poder presentarlo a Bruselas a la mayor brevedad posible.

Los expertos han sobrepasado el límite del tiempo que se les concedió para la elaboración del informe, ya que el plazo estaba previsto para finales de Mayo de 2013, por ello, no es previsible que las deliberaciones sobrepasen la fecha de mañana, de hecho, fuentes consultadas han confirmado que en la última reunión de 27 de mayo de 2013, el Gobierno les concedió un margen “extremadamente” pequeño para terminar su informe. A pesar de que el Gobierno les solicitó que el informe fuese llevado a cabo con el máximo consenso posible, resulta más que seguro que el texto final aprobado, no contará con el apoyo de los 12 miembros completos del comité y probablemente haya discrepancias, a pesar de las cuales, se presentará el informe.

Una vez presentado, se prevé que al pasar por el filtro político y de los agentes sociales, el texto final se distancie mucho del original presentado por el comité de expertos, todo dependerá de las sensibilidades que prevea a nivel social. Según se ha sabido, el informe final que presentarán mañana los 12 expertos tiene, al menos, tres voces discordantes: la del Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, que representaba a UGT en el Consejo de Administración de RTVE, Santos M. Ruesga; la del Director del Gabinete de Estudios de CC.OO., Miguel Ángel García Díaz; y la del Catedrático de Derecho del Trabajo y afín al PSOE, Jose Luís Tortuero.

Las principales discrepancias están en la posibilidad de desvincular del IPC la revalorización de las pensiones y la de aplicar el factor de sostenibilidad desde 2014. Las tres voces discordantes consideran que se podrían establecer fórmulas para que el Estado se haga cargo del mayor coste de las pensiones de forma paulatina hasta aplicar el factor de sostenibilidad en 2032, tal y como estaba previsto en la reforma de las pensiones de 2011, sin embargo, esta petición choca de frente con las exigencias de Bruselas. Otra de las discrepancias es que las pensiones no deben perder poder adquisitivo a futuro, cuando, pese a mantener o incrementar su valor nominal, se reduzcan en relación al salario inicial.

Para un caso de discrepancia así, está previsto que la última palabra la tenga el Presidente de la Comisión, el catedrático de Sociología Víctor Pérez Díaz y poder así emitir un informe unitario mañana viernes.