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pensión de alimentos

El CGPJ crea una calculadora para calcular las pensiones alimenticias

El CGPJ crea una calculadora para calcular las pensiones alimenticias en los procesos de divorcio, nulidad o separación.

pensión de alimentosUno de los temas más espinosos y controvertidos del derecho de familia en general, es el de las separaciones, nulidad o divorcios; no solo ya por que de por sí sean temas, en general, “desagradables” de tratar por la fuerte carga emocional que conllevan y el grave perjuicio que en ocasiones genera para los hijos menores de edad fruto de esa relación frustrada; sino también por el hecho de ser temas complicados per se por la intervención de muchos elementos no jurídicos en los mismos.

Dentro de estos elementos tenemos el eterno dilema de la pensión de alimentos. La pensión de alimentos consiste básicamente en una cantidad de dinero que debe aportar el progenitor que no se va a hacer cargo de los hijos menores de edad, al progenitor que sí se va a hacer cargo de ellos, es decir, al que tiene la guardia y custodia. Dicha cantidad de dinero, en teoría, está destinada a cuestiones tales como la educación, la ropa, la manutención y demás, del hijo común menor de edad. La cantidad de dinero aportada dependerá de muchos factores tales como: la situación económica del progenitor que aporta la pensión, la situación económica del progenitor que ostenta la guardia y custodia, el nivel de vida general del que disfrutara el menor de edad antes de la ruptura familiar y el criterio de gasto que el juez estime necesario en aras del interés del hijo menor de edad.

No es necesario ser Doctor Honoris Causa en Derecho para darnos cuenta que se trata de criterios extremadamente volubles y subjetivos, que en un momento dado pueden llegar a convertirse en absolutamente discrecionales y arbitrarios, con el consecuente perjuicio para el progenitor que debe aportar dicha pensión. Es por ello que en los temas de nulidad, separación y/o divorcio, el asunto de la pensión de alimentos suele ser el que más controversias y diferencias entre las partes genera. Máxime aún cuando el progenitor que debe aportar dicha pensión es consciente de que el impago de la misma, puede derivar en un delito de abandono de familia, tipificado en el Código Penal; esta cuestión hace aún más espinoso el cálculo de la pensión alimenticia.

Por todo ello, el CGPJ (Consejo General del Poder Judicial), a través de su web, ha habilitado un sistema en forma de calculadora para calcular las pensiones alimenticias y que se encuentra a disposición del público a través de su web. Pinche aquí para obtener más información y descargar la calculadora. Este instrumento sirve como orientación para jueces, abogados, fiscales y ciudadanos en general y permite conocer, de manera aproximada, la cuantía de una pensión de alimentos, en función de los citados criterios económico-sociales del progenitor que los aporta y del hijo menor de edad beneficiario.

Este instrumento ha sido creado con la colaboración del INE (Instituto Nacional de Estadística) como respuesta a la demanda que desde el poder judicial se ha venido haciendo de una tabla orientativa para el cálculo de un tema tan delicado como las pensiones en el ámbito del derecho de familia. Gracias a este sistema, la seguridad jurídica se incrementa, junto la previsibilidad de las decisiones judiciales en este tipo de temas, además de facilitar los acuerdos extrajudiciales.

Este sistema de tablas, lleva funcionando algunos años en ciertos países de nuestro entorno con un éxito probado, países como Canadá, Noruega, Estados Unidos o Alemania. Las tablas estadísticas se nutren de unas bases que serán renovadas conforme vayan cambiando las estructuras de gasto de las familias, y en su defecto, se modificarán como mínimo, cada cinco años. Pinchando aquí, tendrán acceso a una memoria explicativa sobre cómo se ha elaborado la calculadora y unas pautas sobre su uso.

Custodia compartida

Se eliminará la excepcionalidad de la custodia compartida

El Gobierno aprueba un anteproyecto de Ley en la que se eliminará la excepcionalidad de la custodia compartida.

Custodia compartidaHasta ahora, era vox populi, que en los casos de divorcios con hijos menores de edad, los jueces, casi en un 90% de las veces, otorgaban la custodia a la madre, y que solo en algunos raros casos, concedían la custodia compartida de ambos progenitores, y aún más raro, la custodia al padre en solitario. Sin embargo, parece que el Gobierno está decidido a cambiar esta situación, modificando para ello el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley del Registro Civil, en este sentido, el pasado viernes 19 de julio se aprobó un anteproyecto de Ley denominado oficialmente como de “corresponsabilidad parental en caso de nulidad, separación o divorcio”, adaptando la legislación matrimonial y las relaciones paterno-filiales a las transformaciones que ha sufrido la sociedad española en los últimos años.

Entre estos cambios, el más destacado sin duda es el citado, el que eliminará la excepcionalidad de la custodia compartida, en otras palabras, la custodia compartida dejará de ser una excepción a la regla general, convirtiéndose en la regla general, frente a la custodia monoparental que pasa a ser una excepción. Para ello se va a reformar el artículo 92 del Código Civil y se introduce un nuevo artículo 92 bis; el objetivo es eliminar las rigideces que tenía el sistema de custodia monoparental (custodia solo para la madre, o en los casos más raros, solo del padre). De esta forma ahora, será el juez el que decida, siempre actuando en busca del mayor beneficio posible para el menor, el régimen más adecuado en cada caso y también determinará los aspectos y el contenido de la relación parental, sin que la custodia compartida implique, necesariamente, una alternancia de residencia de los hijos con los progenitores en periodos iguales.

El juez pedirá al fiscal un informe no vinculante y estudiará las alegaciones de las partes, la opinión y deseos del menor y el dictamen de los expertos, además de todos los aspectos relevantes para el bienestar del menor: como su edad, el arraigo social, familiar y escolar; también se tendrán en cuenta las relaciones entre los progenitores, y de éstos con los hijos, la voluntad de cada uno de ellos de asumir su papel en el cuidado del menor, y sus posibilidades de conciliar la vida laboral y familiar.

Otra de las novedades que incluirá este anteproyecto es que la patria potestad se equiparará a la corresponsabilidad parental, dejando atrás el concepto del régimen de visitas, en favor del contacto cotidiano y frecuente entre los progenitores y sus hijos. Desde ahora se dejará de hablar de guardador o custodio, o de visitas, para pasar a hablar de convivencia, régimen de estancia, relación o comunicación con el no conviviente. También se tendrán en cuenta los derechos de los hijos menores a mantener relación con el resto de sus hermanos, abuelos y/o demás parientes y allegados.

El compromiso de esta Ley, ya para terminar y resumir, es que los menores puedan crecer en un entorno donde tengan presencia su padre y su madre, ya que se considera que en presencia de ambos progenitores, el menor no tiene que pasar por el trauma que puede ocasionarle la separación de sus padres, intentando que un hecho como éste, pase desapercibido para el menor, afectando en lo mínimo posible a los deseos de ambos progenitores de finalizar su relación sentimental, ya que tampoco sería justo obligar a dichos padres a una convivencia que no desean; pero tampoco es justo que los hijos menores paguen por dicha separación, y esta Ley busca precisamente complementar ambos derechos, aunque como siempre en derecho de familia, prima el beneficio de los hijos menores de edad sobre el de los progenitores.

Certificación de correos electrónicos

El correo electrónico certificado como prueba judicial

El correo electrónico certificado como prueba judicial también podrá ser usado junto al burofax.

Certificación de correo electrónicoMuchas veces nos ocurre que las comunicaciones con una empresa que nos presta un servicio, por regla general suelen ser, salvo excepciones, o bien vía telefónica; o bien vía correo electrónico. En este contexto, existe como una “leyenda urbana” consistente en qué, en caso de conflicto con una empresa que nos presta o ha prestado un servicio, o que nos ha vendido un producto determinado, tan solo el burofax, entendido como fax certificado con acuse de recibo, sirve como prueba ante los tribunales ordinarios, en caso de que quisiéramos iniciar actuaciones al sentirnos perjudicados en algo.

Si bien es cierto que el burofax es el medio probatorio por excelencia en este sentido y es el visto “con mejores ojos” por los tribunales ordinarios, no es menos cierto que no se trata del único medio probatorio existente. Muchas empresas de certificación electrónica generan actas de comunicación que demuestran la transmisión, el contenido íntegro y el acuse de recibo de todos los correos electrónicos que hayan sido validados, en otras palabras, convierten nuestros correos electrónicos en auténticos burofaxes, con la indudable ventaja que ello conlleva de cara a otorgarles un valor probatorio ante los tribunales ordinarios.

Y es que, a raíz de un auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 21 de marzo de 2013, se ha confirmado la validez jurídica, como medio probatorio, de las notificaciones realizadas vía e-mail entre, por ejemplo, un procurador y un cliente moroso; o entre un cliente y una empresa incumplidora. La razón de que el Tribunal Supremo haya tomado esta decisión radica sobre todo en el hecho de que el correo electrónico en cuestión que quiera aportarse como medio probatorio, haya sido validado por alguna empresa dedicada a las certificaciones electrónicas.

La tecnología, las empresas de certificación y la legislación (artículo 162 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), existían, pero faltaba la jurisprudencia del Alto Tribunal para corroborar lo que ya era un secreto a voces. Esto supone un verdadero espaldarazo al mercado de las comunicaciones digitales certificadas. Las ventajas, irónicamente, sobre el correo tradicional certificado o burofax, es que éste no siempre llega realmente a su destinatario, judicialmente se crea la presunción de que el burofax con acuse de recibo, da por notificado al interesado, pero en la realidad puede ocurrir que no siempre llega al destinatario; sin embargo, los correos electrónicos certificados a través de estas empresas especializadas, constituyen una herramienta perfecta para cerciorarse de que efectivamente el correo electrónico llegó al interesado y fue abierto, por lo que pudo ser visible su contenido.

Son muchas las empresas que se dedican a este mercado, entre ellas, Evicertia, Lleida.net European Agency of Digital Trust, llevan varios años ofreciendo este tipo de servicios. Y es que, un correo electrónico normal y corriente, puede ser impugnado ante un Tribunal con relativa facilidad: el correo pudo borrarse, pudo no ser abierto, pudo no llegar, etcétera, etcétera. El ejemplo más de rabiosa actualidad es el famoso “Caso Nóos”, que ha imputado a los Duques de Palma en una presunta trama de corrupción. Sin embargo, impugnar un correo electrónico certificado es casi imposible, ya que las empresas de certificación recogen todo tipo de pruebas de la comunicación, actuando como un tercero de confianza, y depositan ante notario las actas de comunicación que prueban la transmisión, el acuse de recibo, las fechas de envío, el contenido íntegro del correo, identidad del remitente, destinatario y direcciones IP de todos los implicados.

Hasta ahora, el correo certificado tradicional era la regla, y el correo electrónico la excepción, sin embargo, la legislación está cambiando, ya el nuevo Código Mercantil, por ejemplo, está orientado hacia la comunicación digital. En la Unión Europea hay una propuesta de Reglamento para 2014 que pretende desarrollar la temática de la “confianza electrónica”, liberalizando el mercado de las certificaciones electrónicas y apoyar este tipo de actos considerándolos comunicaciones fehacientes, lo cual supone otro espaldarazo más y puede que definitivo, a este nuevo mercado.

Para los expertos, en un futuro, no muy lejano, incluso la administración pública terminará por adoptar este sistema, incluyendo a la administración de justicia por supuesto, todo está siendo digitalizado, y en países como Alemania, Finlandia o Reino Unido, ya es una realidad. Además de todas estas ventajas, resulta ser un sistema mucho más barato que la certificación de correo tradicional y eso, en un periodo de crisis como el que atravesamos, es una indudable ventaja.

reforma de las administraciones públicas

Aprobada nueva Ley de la Función Pública y Estatuto del directivo público

Aprobada nueva Ley de la Función Pública y Estatuto del directivo público por parte del Gobierno.

Reforma de la administración públicaComo parte de la reforma anunciada ya por el Gobierno de las administraciones públicas, se va a crear una nueva Ley de la Función Pública y Estatuto del directivo público. En este sentido, el Gobierno ha destacado el importante papel de los funcionarios públicos como pieza importantísima en la modernización y reforma de la administración, por ello, se elabora esta nueva ley que pretende dar soporte jurídico definitivo a los funcionarios. Esta nueva norma recogerá instrumentos de ordenación de la función pública, la estructura de la carrera administrativa y mejoras en los procedimientos, el Gobierno ha llegado a calificarla como algo revolucionaria y muy ambiciosa.

El estatuto del directivo público, que se aprobará junto a la ley, para llenar el vacío legal que hasta ahora situaba en una especia de limbo a estos profesionales, esenciales para el funcionamiento de la administración pública. Con esta nueva normativa se diseñará el régimen  jurídico aplicable a este colectivo esencial, se precisará qué vinculación hay entre estos directivos y la administración pública, el proceso de selección del mismo, la evaluación permanente de su rendimiento, entre otras cuestiones.

El Gobierno también ha recomendado a las Comunidades Autónomas que agreguen esta normativa a su propio ordenamiento jurídico para mejorar también la administración autonómica y reducir los gastos a nivel nacional, reinventando las administraciones públicas. Junto a esta reforma, en julio  se enviará al Congreso la propuesta de reforma de la administración local.

Preferentes

Se cierra acuerdo con los jueces en Galicia para acelerar los casos de preferentes

Se cierra acuerdo con los jueces en Galicia para acelerar los casos de preferentes y darles salida lo antes posible.

PreferentesLa Xunta de Galicia ha cerrado de común acuerdo con los jueces un plan para agilizar enormemente el procedimiento judicial de los casos de preferentes a fin de que sus afectados puedan recuperar sus ahorros cuanto antes. Precisamente, las autoridades judiciales españolas ya alertaron en su día de que, ante la previsible presentación masiva de demandas cuando se concretase la quita, había que articular un plan para que los ciudadanos afectados por este conflicto, pudiesen tener acceso a la justicia, evitando los más que seguros colapsos de una forma eficaz.

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El Colegio de Abogados de Sevilla adelanta 600.000 euros a sus abogados

El Colegio de Abogados de Sevilla adelanta 600.000 euros a sus abogados por los turnos de oficio del último trimestre de 2012.

justicia gratuitaEsto es al menos lo que reza la comunicación remitida el pasado viernes a los abogados del Colegio de Abogados de Sevilla, y ese mismo día, ordenó las transferencias bancarias a los 1.378 abogados a los que aún se les debe el 50%  del importe de los turnos de oficio que acreditaron respecto al último trimestre de 2012.

El decano de la institución, Don José Joaquín Gallardo ha destacado que con este adelanto, se finiquitan todos los servicios de asistencia jurídica gratuita prestados durante el año 2012, tanto en guardias de detenidos como en turnos de oficio en todos los órdenes jurisdiccionales. En este sentido, el decano ha manifestado que de esta forma, se pretende reducir en cierta medida el impacto económico que produce en muchos despachos de abogados las demoras en los pagos de la Junta de Andalucía, demoras que, aclara el Colegio de Abogados de Sevilla, son entendibles dada la maltrecha situación de la caja de la Junta de Andalucía.

En este sentido, Gallardo ha considerado que el Colegio de Abogados de Sevilla debe hacer un esfuerzo de financiación en beneficio de los abogados, amortiguando así en lo posible el retraso en que incurre la Junta de Andalucía debido a la difícil situación económica. Por esta razón y a pesar de esto, se ha destacado el esfuerzo económico de la Junta por mantener la asistencia jurídica gratuita a pesar de las circunstancias económicas.

Al mismo tiempo ha lamentado el recorte que algunos Colegios padecen y que redunda en la reducción de los gastos en las infraestructuras necesarias para prestar los servicios de orientación jurídica gratuita para aquellos ciudadanos con escasez de recursos económicos y poder tramitar así mejor los numerosos expedientes de justicia gratuita que se acumulan.

Al hilo de todo esto, Gallardo ha recordado que la Junta ha reducido a la mitad la aportación económica que por imperativo legal venía efectuando para contribuir a los gastos del servicio de orientación jurídica, añadiendo que, en la actualidad, esas oficinas públicas están siendo mantenidas prácticamente en su totalidad, por los propios Colegios de Abogados andaluces y con cargo a sus tesorerías. Por lo que hace un llamamiento a cambiar esta situación lo antes posible.

winabogados

La Federación de Colegios de Abogados de Europa rechaza las tasas judiciales

La Federación de Colegios de Abogados de Europa rechaza las tasas judiciales españolas.

winabogadosLa Federación de Colegios de Abogados de Europa (FBE) ha aprobado, durante la celebración de su congreso anual en Frankfurt, una resolución donde rechaza de manera absoluta, el texto normativo aprobado por el Gobierno español en materia de Tasas Judiciales para el acceso a la administración de Justicia y refrendada también por las Cortes Generales españolas.

Esta asamblea consideró las tasas como algo absolutamente desproporcionado, ya que establece unas tasas generales para iniciar acciones judiciales o plantear recursos. Esta institución, que agrupa a más de 800.000 abogados europeos, considera que este tributo supone una limitación obvia al acceso a la justicia y hace inviable la tutela judicial efectiva, consagrada tanto en la propia constitución española, como en los diversos tratados internacionales.

Además, esta institución se lamenta que dicha tasa ya esté ocasionando perjuicios reales a los ciudadanos, los cuales, ante su elevada cuantía, prefieren desistir de iniciar acciones legales o paralizar las ya iniciadas, renunciando con ello a sus legítimos derechos. Por ello, solicita al Gobierno español que reconsidere esta normativa y la deje sin efecto, en la medida en qué supone una vulneración de los derechos constitucionales de los ciudadanos.

En otro orden de cosas, la asamblea también ha elegido al que será Vicepresidente segundo de la institución, siendo nombrado el Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Bizkaia, Don Nazario de Oleaga Páramo. Tras su elección, De Oleaga ha manifestado su satisfacción por el cargo ofrecido y ha apostado por dar un carácter más colegiado a la institución a través de la presidencia, para convertirlo en un órgano más representativo que permita una mayor presencia de la abogacía en las instituciones europeas.

A finales de abril de este año, ya el presidente de la institución, Lutz Simon, se dirigió por carta a S.M. Don Juan Carlos I, Rey de España; al Presidente del Gobierno, Don Mariano Rajoy Brey; al Ministro de Justicia, Don Alberto Ruíz Gallardón; y al Presidente del Tribunal Constitucional Don Pascual Sala, solicitando o bien la derogación de la Ley de Tasas; o bien una considerable reducción de las cuantías hasta unos límites razonables que no impidan u obstaculicen el acceso a la justicia.

La Federación de Colegios de Abogados de Europa fue fundada en 1992, siendo la única organización europea integrada por Colegios de Abogados y Consejos Nacionales de Abogacía. Representa como hemos dicho a más de 800.000 abogados europeos, tiene su sede en Estrasburgo y es órgano consultivo oficial del Consejo de Europa. El pasado año celebró su vigésimo aniversario en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), presidiendo la solemne ceremonia el Rey Don Juan Carlos I, en presencia del Ministro de Justicia y del Presidente del Tribunal Constitucional.