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El Decreto andaluz antidesahucios paralizado por el constitucional

El Decreto andaluz antidesahucios paralizado por el constitucional durante cinco meses.

Ha sido admitido a trámite el recurso que planteó el Gobierno ante el Tribunal Constitucional contra el Decreto andaluz antidesahucios ayer jueves. El hecho de que el constitucional admita a trámite este Decreto por sí mismo, implica que el Decreto quedará paralizado durante al menos cinco meses, mientras el constitucional decide sobre la citada norma y aclara si es o no encajable en nuestra constitución. Ahora el Tribunal trasladará la demanda al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno y al Parlamento andaluz, a través de sus presidentes. Ahora disponen de un plazo de 15 días para personarse y formular las alegaciones que estimen oportunas.

Pasados esos cinco meses, el constitucional deberá decidir y al final de dicho plazo, o bien la mantiene suspendida, o levanta la suspensión, lo que está claro es que esa ley dejará de funcionar durante los próximos cinco meses. El Decreto fue recurrido por el Gobierno el pasado 28 de junio de 2o13; el Decreto en sí prevé la posibilidad de expropiar viviendas vacías a los bancos para usarlos en alquileres sociales. El pasado 4 de julio de 2013, el constitucional dio la razón al Gobierno y consideró que existían razones suficientes para interponer recurso de inconstitucionalidad.

El Gobierno entiende que el Decreto afecta al contenido esencial del derecho a la propiedad de una vivienda, que es una norma reservada a las Cortes Generales, estableciendo una sanción que va al margen del principio de culpabilidad que rige la constitución y además actúa en contra del principio de igualdad. En este sentido, el Gobierno cree que una norma de este tipo, debería ser estatal para garantizar la igualdad entre todos los españoles, y evitar que cada Comunidad Autónoma tenga una normativa diferente al respecto, a esto le unimos las suspicacias que dicha norma ha levantado en el seno de la Unión Europea. No obstante el Gobierno ha reiterado el máximo respeto a la normativa constitucional, pero entiende que ésta debe estar en consonancia y armonía con la normativa europea.

Desde que el mencionado Decreto entró en vigor el 12 de abril de 2013, la Junta de Andalucía ha iniciado 12 expedientes de expropiación temporal sobre 12 viviendas, defendiendo que la norma es totalmente constitucional y tiene legalidad jurídica plena, respetando escrupulosamente el Estatuto de Andalucía y la Constitución Española.

Ahora queda esperar estos cinco meses para saber que será de esta nueva Ley Antidesahucios, si finalmente será de aplicación solo en Andalucía o bien será de aplicación a nivel nacional o bien será anulada por completo.

El Colegio de Abogados de Sevilla adelanta 600.000 euros a sus abogados

El Colegio de Abogados de Sevilla adelanta 600.000 euros a sus abogados por los turnos de oficio del último trimestre de 2012.

justicia gratuitaEsto es al menos lo que reza la comunicación remitida el pasado viernes a los abogados del Colegio de Abogados de Sevilla, y ese mismo día, ordenó las transferencias bancarias a los 1.378 abogados a los que aún se les debe el 50%  del importe de los turnos de oficio que acreditaron respecto al último trimestre de 2012.

El decano de la institución, Don José Joaquín Gallardo ha destacado que con este adelanto, se finiquitan todos los servicios de asistencia jurídica gratuita prestados durante el año 2012, tanto en guardias de detenidos como en turnos de oficio en todos los órdenes jurisdiccionales. En este sentido, el decano ha manifestado que de esta forma, se pretende reducir en cierta medida el impacto económico que produce en muchos despachos de abogados las demoras en los pagos de la Junta de Andalucía, demoras que, aclara el Colegio de Abogados de Sevilla, son entendibles dada la maltrecha situación de la caja de la Junta de Andalucía.

En este sentido, Gallardo ha considerado que el Colegio de Abogados de Sevilla debe hacer un esfuerzo de financiación en beneficio de los abogados, amortiguando así en lo posible el retraso en que incurre la Junta de Andalucía debido a la difícil situación económica. Por esta razón y a pesar de esto, se ha destacado el esfuerzo económico de la Junta por mantener la asistencia jurídica gratuita a pesar de las circunstancias económicas.

Al mismo tiempo ha lamentado el recorte que algunos Colegios padecen y que redunda en la reducción de los gastos en las infraestructuras necesarias para prestar los servicios de orientación jurídica gratuita para aquellos ciudadanos con escasez de recursos económicos y poder tramitar así mejor los numerosos expedientes de justicia gratuita que se acumulan.

Al hilo de todo esto, Gallardo ha recordado que la Junta ha reducido a la mitad la aportación económica que por imperativo legal venía efectuando para contribuir a los gastos del servicio de orientación jurídica, añadiendo que, en la actualidad, esas oficinas públicas están siendo mantenidas prácticamente en su totalidad, por los propios Colegios de Abogados andaluces y con cargo a sus tesorerías. Por lo que hace un llamamiento a cambiar esta situación lo antes posible.