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El Ministerio de Empleo retira 60.000 prestaciones por desempleo

El Ministerio de Empleo retira 60.000 prestaciones por desempleo debido a que se cobraron indebidamente.

Fraude a la seguridad socialEl fraude a la seguridad social está a la orden del día en los tiempos de crisis que vivimos, la práctica más habitual suele ser la de crear empresas ficticias para realizar falsas contrataciones durante el tiempo suficiente para acceder a la prestación por desempleo. Hay que recordar que las prestaciones por desempleo salen a cuenta de los presupuestos que se aprueban con nuestros impuestos, por ello, a pesar de que la crisis golpea fuerte y se viven situaciones extremadamente complicadas, no debemos perder de vista esta realidad, y ser responsables con este tipo de prestaciones.

Esta retirada de 60.000 prestaciones por desempleo indebidas han generado un ahorro a la seguridad social de 915, 1 millones de euros, en este sentido, se han retirado un 14,8% más de prestaciones indebidas que el año pasado, lo que ha supuesto, un ingreso a las arcas del Estado de 119 millones de euros más que el pasado año. Este es solo uno de los efectos que ha causado la reciente reforma del Gobierno en el marco del Plan de Lucha contra el Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social, aprobado en abril de 2012 y que se detalla a los medios por carta remitida desde el Ministerio de Empleo.

El plan, desde que entró en funcionamiento en abril de 2012, ha supuesto un ahorro de 3.160,7 millones de euros, además, se han llevado a cabo 334.214 inspecciones en materia de empleo irregular, con las que se han descubierto 130.512 empleos fraudulentos. Y en cuanto a la lucha contra las empresas ficticias, se han llevado a cabo 35.761 inspecciones en esta materia, como consecuencia, se han anulado 64.379 altas fraudulentas, a partir de 3.523 infracciones.

Además, el ministerio de empleo ha habilitado un buzón para que los ciudadanos puedan presentar denuncias anónimas contra estas conductas fraudulentas e insolidarias, que dinamitan el sistema de la seguridad social. Dichas denuncias serán analizadas e investigadas por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. También podrán denunciar aquellos trabajadores que sean objeto de fraude laboral y a la Seguridad Social, teniendo el servicio de inspección un absoluto deber de silencio respecto a la identidad del trabajador denunciante.

 

Reforma energética

Implicaciones de la nueva reforma energética

Implicaciones de la nueva reforma energética aprobada por el Gobierno el pasado 12 de julio de 2013.

Reforma energéticaEl Gobierno ha decidido poner fin de una vez por todas al temido “déficit de tarifa” que al parecer amenazaba con hacer caer el sistema eléctrico nacional con un “agujero” que supera lo 26.000 millones de euros y que cada año se venía incrementando en 4.600 millones de euros a causa de los desequilibrios existentes en el propio sistema. Las medidas tomadas por el Gobierno para atajar este problema buscan sobre todo establecer un marco legal para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico y mejorarlo de cara al consumidor, haciendo las facturas eléctricas más claras y legibles y favoreciendo la competencia entre operadores de cara a generar precios más competitivos que terminen beneficiando a los consumidores.

Estas medidas no son una novedad, desde 2012 el Gobierno ha estado introduciendo diferentes reformas para ir poco a poco atajando este problema. El déficit de tarifa tan famoso básicamente consiste en un grave desequilibrio entre el coste del sistema eléctrico; y los ingresos recogidos mediante las tarifas eléctricas. Dichos ingresos sencillamente son insuficientes para cubrir dicho coste; en este sentido y para garantizar la viabilidad del sistema, hasta ahora el Estado corregía dicho desequilibrio a través de los presupuestos generales del Estado; sin embargo, con el advenimiento de la crisis, el Estado no puede hacer frente a este gasto y como consecuencia, se ha ido generando una deuda con las compañías eléctricas que no ha dejado de crecer.

De no haber tomado medidas en 2012, actualmente el déficit se habría ido incrementando en 10.500 millones de euros anuales, en lugar de los 4.600 actuales; esto nos da una idea de la gravedad de la situación. Para corregir todo el déficit restante, la factura de la luz para el consumidor final tendría que crecer un 19%, y si no se hubiesen tomado medidas, un 42%. La nueva reforma energética aprobada el pasado 12 de julio implica repartir la carga de esos 4.600 millones de euros anuales entre tres actores: empresas, Estado y consumidores (nosotros); así, de estos 4.600 millones, 2.700 millones serían asumidos por las empresas a través de modificaciones en sus retribuciones; 900 millones serán asumidos por el Estado, a través de los presupuestos generales del Estado; y los 900 millones restantes serán asumidos por los consumidores a través de una subida de los peajes (los peajes es, dentro de la factura, la parte que pagamos por acceder a la red eléctrica nacional para obtener energía).

Tras corregir el desequilibrio, las medidas también implican cambios en las normas para que en un futuro no vuelvan a producirse dichos desequilibrios, haciendo más flexible el sistema para adaptarse a las nuevas circunstancias. Finalmente, el tercer pilar de las reformas consiste en garantizar el suministro eléctrico al menor coste posible para el consumidor, fomentando la competencia entre las empresas eléctricas para reducir costes, además, se hace más clara y legible la factura para el consumidor y se reforzarán los servicios de atención al cliente de forma obligatoria y se mantendrán los sistemas de protección para los consumidores más vulnerables.

Además, se reducirán los costes del sistema por valor de unos 2.700 millones de euros anuales. Para ello, se modificarán dos aspectos fundamentales de dichos costes: por un lado, las energías renovables. Aunque no se puede decir que las renovables por sí solas sean las culpables del déficit de tarifa, ciertamente la forma en la que los sucesivos Gobierno la han implantado no era la más adecuada. Y es que, aunque es una energía que presenta muchas ventajas (menor dependencia del petróleo y por tanto, del exterior; y energía más limpia y menos contaminante); también tiene otras muchas desventajas, entre otras, el mayor coste que tiene generar esta energía. De manera que generar un kilovatio de energía renovable es casi cuatro veces más caro que generarlo con energías no renovables. Hasta ahora, esta diferencia de sobre coste era asumida por el Estado en los presupuestos, pero al final, esto ha devenido en insostenible, cuando España se ha convertido en una de las mayores potencias del mundo en el uso de esta energía (la instalación de plantas generadoras de energías renovables estaba subvencionada por el Estado y a menudo también por la Comunidad Autónoma dónde se encontrase, lo cual las convertía en un negocio muy lucrativo).

La reforma lo que busca con las renovables es un nuevo régimen retributivo, las instalaciones recibirán una serie de complementos en compensación por su mayor coste, en atención a criterios tecnológicos (es decir, cuánto mayor sea el desarrollo tecnológico de una energía renovable, menos costosa será y por lo tanto, menos complementos necesitará), esto garantizará, a largo plazo, una rentabilidad razonable y reducirá los costes de dicha energía.

Otro elemento dónde se llevará a cabo el recorte de gastos será en las redes de transporte y distribución, se establecerá un régimen para las redes de transporte y distribución que establecerá una retribución homogénea adecuada a una actividad de bajo riesgo. También se establece un volumen máximo de inversión asumido por el sistema eléctrico como coste anual.

Otras actividades reguladas del sistema también sufrirán medidas de reforma como por ejemplo, una disminución del coste de producción eléctrica en las centrales de fuel extrapeninsulares e insulares. También se disminuye la retribución actual de los pagos por capacidad que perciben en la actualidad las centrales de ciclo combinado (las más comunes que funcionan con energías no renovables como gas natural) y además se introduce un mecanismo de mercado para calcular la interrumpibilidad. De la misma forma, se introduce un sistema de incentivos a la energía eólica y fotovoltaica en Canarias y Baleares, dónde éstas energías son más baratas que las convencionales. Finalmente también se contempla el cierre temporal de instalaciones (hibernación) para reducir los costes, siempre garantizando la seguridad del suministro.

Para terminar, la Tarifa de Último Recurso (TUR), a la que se acogen la mayoría de los usuarios domésticos, pasa a llamarse, Precio Voluntario al Pequeño Consumidor. La reforma habilitará nuevas comercializadoras para suministrar a estos clientes, permitiendo además la competencia entre ellas para que así ofrezcan ofertas y descuentos a los consumidores, además se agiliza el proceso de cambio de compañía suministradora.

También se reformarán los costes de los peajes, reduciéndose para los consumidores medios y penalizando a segundas viviendas y a viviendas vacías. Los consumidores más vulnerables podrán seguir acogiéndose al bono social.

 

Medidas introducidas por la nueva Ley de Emprendedores

Conozca las nuevas medidas introducidas por la nueva Ley de Emprendedores aprobada ya en Consejo de Ministros.

Ley de EmprendedoresÚltimamente hemos venido escuchando mucho acerca de las bondades de la nueva Ley de Emprendedores en los medios de comunicación a nivel nacional en España, no obstante, y aunque introduce muchas novedades, sigue dejando algunos flecos sueltos y al humilde entender de quién escribe estas líneas, se queda bastante corta en ciertos aspectos. A continuación, vamos a ver qué novedades introduce:

1.) ¿A quién afecta esta nueva ley? En principio se beneficiarán de ella casi 1,3 millones de autónomos y más de 1 millón de PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas), siempre y cuando tengan un volumen de negocio inferior a los 2 millones de euros.

2.) Pago del IVA. Esta es otra de las novedades introducidas por la ley, el IVA no tendrá que ser abonado por el autónomo o pequeño y mediano empresario hasta que no se haya producido la facturación del mismo, es decir, hasta que no haya cobrado no tiene que ingresar el IVA, una indudable ventaja ya que hasta ahora, había que ingresar el IVA, tanto si habías cobrado, como si no.

3.) Deducciones al IRPF. Dentro de las medidas de incentivos fiscales, tenemos una deducción al IRPF que operará siempre que el límite de recursos propios de las empresas en las que inviertan los Business Angels sea de 400.000, en vez de los 200.000 que se dijo en un principio.

4.) Deducción al Impuesto de Sociedades. Otra medida de incentivo fiscal más, en este caso se contempla una deducción del 10% al impuesto de sociedades siempre que se reinviertan los beneficios, y destinado a las empresas con un volumen de negocio inferior a los 10 millones de euros. Asimismo, se amplía la deducción por actividades de I+D+i a todas las empresas, y se eleva del 50 al 60% la deducción de las rentas obtenidas de activos intangibles y se elimina el límite máximo.

5.) Deducción del IRPF para particulares, que inviertan capital semilla en una empresa de nueva creación, en concreto, una deducción del 20% en dicho impuesto, lo cual puede ayudar a incentivar a los particulares para que inviertan en starts up y empujen al emprendimiento. La base máxima de esto será de 20.000 euros al año, y se estará exento también de las plusvalías generadas, siempre que sean reinvertidas en más empresas de nueva creación.

6.) Residencia a cambio de adquirir viviendas desde 500.000 euros. Para favorecer la llegada de capital y de talento a España, el gobierno concederá permiso de residencia a los extranjeros que realicen una inversión económica significativa en España, en concreto, facilitará la residencia a extranjeros que hagan inversiones inmobiliarias por encima de los 500.000 euros o compren deuda pública por valor de 2 millones de euros.

7.) Emprendedor de responsabilidad limitada. Gracias a esta figura, la responsabilidad derivada de las deudas empresariales del emprendedor, no afectarán a su vivienda habitual, siempre que el valor de las mismas no supere los 300.000 euros. Esto dejará de aplicarse si el emprendedor ha actuado negligentemente o fraudulentamente .

8.) Reducción de cotizaciones sociales. Para no perjudicar la contratación de trabajadores, se reducen las cuotas a la seguridad social,  mientras que para apoyar la financiación se perfecciona el marco regulatorio de las cédulas de internacionalización y se crean los bonos de internacionalización con el fin de añadir mayor flexibilidad a la emisión de títulos que tengan como cobertura préstamos vinculados a la internacionalización.

9.) Se agiliza la creación de empresas. España era uno de los países más engorrosos desde el punto de vista legislativo para la creación de empresas, se fomenta el emprendimiento desde la educación, se abarata el coste para la constitución de una sociedad limitada de formación, esto permitirá crear empresas con un capital inferior a los 3.000 euros necesarios ahora, pero con el mismo límite en la responsabilidad. Además, habrá ventanillas únicas en los puntos de atención al emprendedor donde se podrán realizar todos los trámites, desde el inicio, el ejercicio y el cese de la actividad empresarial, será el punto de atención al emprendedor electrónico del MINETUR (Ministerio de Industria, Energía y Turismo), prestando la totalidad de los servicios previstos en la ley. Y para conseguir una segunda oportunidad para emprendedores, se crea un mecanismo de negociación extrajudicial de deudas de empresarios que prevé quitas de hasta el 25% de los créditos y moratorias de hasta 3 años.

10.) Reducción de cargas administrativas. Para fomentar el clima de negocios, reduciendo la carga administrativa, se desarrolla una nueva cláusula one is one out por la cual no se podrá diseñar una nueva traba administrativa si previamente no se elimina otra, además de otras cuestiones como la reducción de las cargas estadísticas o la eliminación de la obligatoriedad de disponer de un libro de vistas para la inspección, entre otras cosas. También se eliminan los obstáculos al acceso de los emprendedores a la contratación pública permitiendo que los empresarios puedan darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. Además se elevan los umbrales para la exigencia de la clasificación en los contratos de obras y de servicios. En particular, en los contratos de obras el umbral se eleva en 150.000 euros y en 80.000 euros para los contratos de servicios. Asimismo, se prevé que la garantía en los contratos de obra pueda constituirse mediante retención en el precio y se acortan los plazos para la devolución de garantías, pasando de doce meses a seis meses en caso de que la empresa adjudicataria sea una pequeña y mediana empresa. Y para luchar contra la morosidad, se reduce de ocho a seis meses el plazo de demora para solicitar la resolución del contrato en caso de que la empresa adjudicataria sea una PYME.