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El Decreto andaluz antidesahucios paralizado por el constitucional

El Decreto andaluz antidesahucios paralizado por el constitucional durante cinco meses.

Ha sido admitido a trámite el recurso que planteó el Gobierno ante el Tribunal Constitucional contra el Decreto andaluz antidesahucios ayer jueves. El hecho de que el constitucional admita a trámite este Decreto por sí mismo, implica que el Decreto quedará paralizado durante al menos cinco meses, mientras el constitucional decide sobre la citada norma y aclara si es o no encajable en nuestra constitución. Ahora el Tribunal trasladará la demanda al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno y al Parlamento andaluz, a través de sus presidentes. Ahora disponen de un plazo de 15 días para personarse y formular las alegaciones que estimen oportunas.

Pasados esos cinco meses, el constitucional deberá decidir y al final de dicho plazo, o bien la mantiene suspendida, o levanta la suspensión, lo que está claro es que esa ley dejará de funcionar durante los próximos cinco meses. El Decreto fue recurrido por el Gobierno el pasado 28 de junio de 2o13; el Decreto en sí prevé la posibilidad de expropiar viviendas vacías a los bancos para usarlos en alquileres sociales. El pasado 4 de julio de 2013, el constitucional dio la razón al Gobierno y consideró que existían razones suficientes para interponer recurso de inconstitucionalidad.

El Gobierno entiende que el Decreto afecta al contenido esencial del derecho a la propiedad de una vivienda, que es una norma reservada a las Cortes Generales, estableciendo una sanción que va al margen del principio de culpabilidad que rige la constitución y además actúa en contra del principio de igualdad. En este sentido, el Gobierno cree que una norma de este tipo, debería ser estatal para garantizar la igualdad entre todos los españoles, y evitar que cada Comunidad Autónoma tenga una normativa diferente al respecto, a esto le unimos las suspicacias que dicha norma ha levantado en el seno de la Unión Europea. No obstante el Gobierno ha reiterado el máximo respeto a la normativa constitucional, pero entiende que ésta debe estar en consonancia y armonía con la normativa europea.

Desde que el mencionado Decreto entró en vigor el 12 de abril de 2013, la Junta de Andalucía ha iniciado 12 expedientes de expropiación temporal sobre 12 viviendas, defendiendo que la norma es totalmente constitucional y tiene legalidad jurídica plena, respetando escrupulosamente el Estatuto de Andalucía y la Constitución Española.

Ahora queda esperar estos cinco meses para saber que será de esta nueva Ley Antidesahucios, si finalmente será de aplicación solo en Andalucía o bien será de aplicación a nivel nacional o bien será anulada por completo.