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Certificación de correos electrónicos

El correo electrónico certificado como prueba judicial

El correo electrónico certificado como prueba judicial también podrá ser usado junto al burofax.

Certificación de correo electrónicoMuchas veces nos ocurre que las comunicaciones con una empresa que nos presta un servicio, por regla general suelen ser, salvo excepciones, o bien vía telefónica; o bien vía correo electrónico. En este contexto, existe como una “leyenda urbana” consistente en qué, en caso de conflicto con una empresa que nos presta o ha prestado un servicio, o que nos ha vendido un producto determinado, tan solo el burofax, entendido como fax certificado con acuse de recibo, sirve como prueba ante los tribunales ordinarios, en caso de que quisiéramos iniciar actuaciones al sentirnos perjudicados en algo.

Si bien es cierto que el burofax es el medio probatorio por excelencia en este sentido y es el visto “con mejores ojos” por los tribunales ordinarios, no es menos cierto que no se trata del único medio probatorio existente. Muchas empresas de certificación electrónica generan actas de comunicación que demuestran la transmisión, el contenido íntegro y el acuse de recibo de todos los correos electrónicos que hayan sido validados, en otras palabras, convierten nuestros correos electrónicos en auténticos burofaxes, con la indudable ventaja que ello conlleva de cara a otorgarles un valor probatorio ante los tribunales ordinarios.

Y es que, a raíz de un auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 21 de marzo de 2013, se ha confirmado la validez jurídica, como medio probatorio, de las notificaciones realizadas vía e-mail entre, por ejemplo, un procurador y un cliente moroso; o entre un cliente y una empresa incumplidora. La razón de que el Tribunal Supremo haya tomado esta decisión radica sobre todo en el hecho de que el correo electrónico en cuestión que quiera aportarse como medio probatorio, haya sido validado por alguna empresa dedicada a las certificaciones electrónicas.

La tecnología, las empresas de certificación y la legislación (artículo 162 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), existían, pero faltaba la jurisprudencia del Alto Tribunal para corroborar lo que ya era un secreto a voces. Esto supone un verdadero espaldarazo al mercado de las comunicaciones digitales certificadas. Las ventajas, irónicamente, sobre el correo tradicional certificado o burofax, es que éste no siempre llega realmente a su destinatario, judicialmente se crea la presunción de que el burofax con acuse de recibo, da por notificado al interesado, pero en la realidad puede ocurrir que no siempre llega al destinatario; sin embargo, los correos electrónicos certificados a través de estas empresas especializadas, constituyen una herramienta perfecta para cerciorarse de que efectivamente el correo electrónico llegó al interesado y fue abierto, por lo que pudo ser visible su contenido.

Son muchas las empresas que se dedican a este mercado, entre ellas, Evicertia, Lleida.net European Agency of Digital Trust, llevan varios años ofreciendo este tipo de servicios. Y es que, un correo electrónico normal y corriente, puede ser impugnado ante un Tribunal con relativa facilidad: el correo pudo borrarse, pudo no ser abierto, pudo no llegar, etcétera, etcétera. El ejemplo más de rabiosa actualidad es el famoso “Caso Nóos”, que ha imputado a los Duques de Palma en una presunta trama de corrupción. Sin embargo, impugnar un correo electrónico certificado es casi imposible, ya que las empresas de certificación recogen todo tipo de pruebas de la comunicación, actuando como un tercero de confianza, y depositan ante notario las actas de comunicación que prueban la transmisión, el acuse de recibo, las fechas de envío, el contenido íntegro del correo, identidad del remitente, destinatario y direcciones IP de todos los implicados.

Hasta ahora, el correo certificado tradicional era la regla, y el correo electrónico la excepción, sin embargo, la legislación está cambiando, ya el nuevo Código Mercantil, por ejemplo, está orientado hacia la comunicación digital. En la Unión Europea hay una propuesta de Reglamento para 2014 que pretende desarrollar la temática de la “confianza electrónica”, liberalizando el mercado de las certificaciones electrónicas y apoyar este tipo de actos considerándolos comunicaciones fehacientes, lo cual supone otro espaldarazo más y puede que definitivo, a este nuevo mercado.

Para los expertos, en un futuro, no muy lejano, incluso la administración pública terminará por adoptar este sistema, incluyendo a la administración de justicia por supuesto, todo está siendo digitalizado, y en países como Alemania, Finlandia o Reino Unido, ya es una realidad. Además de todas estas ventajas, resulta ser un sistema mucho más barato que la certificación de correo tradicional y eso, en un periodo de crisis como el que atravesamos, es una indudable ventaja.

La Comisión Nacional de la Competencia estará lista en cuatro meses

La Comisión Nacional de la Competencia estará lista en cuatro meses según apuntó ayer el Gobierno.

Comisión Nacional del Mercado y la CompetenciaA pesar de que la ley que regulará el funcionamiento de esta nueva entidad independiente ha entrado hoy en vigor, no será hasta dentro de 4 meses cuando empiece la comisión a funcionar de manera efectiva. Así, el Gobierno aprobará en los próximos dos meses el estatuto orgánico de la nueva CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), que regulará su estructura orgánica, la distribución de competencias entre sus diferentes órganos y el régimen de su personal; en los siguientes dos meses se aprobará el nombramiento de los diez integrantes de esta nueva comisión.

Por lo tanto, aún está pendiente de aprobación el nombramiento del presidente de la citada comisión y sus integrantes, un total de diez miembros, que serán nombrados por el Gobierno, pero ratificados después por la Comisión de Economía del Congreso, que podría vetarlos. En la norma también se especifica que la puesta en funcionamiento de la Comisión Nacional de la Competencia se considerará una circunstancia extraordinaria que, conforme a la legislación específica aplicable, permitirá la ampliación del plazo máximo para resolver los procedimientos sometidos a caducidad o afectados por el silencio administrativo.

La razón de ser de esta nueva comisión es aunar en uno solo, todos los organismos reguladores, pero separando en dos salas diferentes, los temas relativos a la competencia, de los temas de supervisión. Este cambio se introdujo debido al recelo de la Unión Europea ante la unificación pura de todos los reguladores. De esta forma, la sala especializada en competencia estará dirigida por el presidente de la comisión; mientras que la segunda será dirigida por el vicepresidente. Habrá diez consejeros, cinco por cada sala. El mandato de los miembros de la comisión será de seis años sin posibilidad de reelección y la renovación de los miembros será parcial cada dos años, de esta forma, ningún miembro del consejo permanecerá en el cargo más de seis años.