Reforma energética

Implicaciones de la nueva reforma energética

Implicaciones de la nueva reforma energética aprobada por el Gobierno el pasado 12 de julio de 2013.

Reforma energéticaEl Gobierno ha decidido poner fin de una vez por todas al temido “déficit de tarifa” que al parecer amenazaba con hacer caer el sistema eléctrico nacional con un “agujero” que supera lo 26.000 millones de euros y que cada año se venía incrementando en 4.600 millones de euros a causa de los desequilibrios existentes en el propio sistema. Las medidas tomadas por el Gobierno para atajar este problema buscan sobre todo establecer un marco legal para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico y mejorarlo de cara al consumidor, haciendo las facturas eléctricas más claras y legibles y favoreciendo la competencia entre operadores de cara a generar precios más competitivos que terminen beneficiando a los consumidores.

Estas medidas no son una novedad, desde 2012 el Gobierno ha estado introduciendo diferentes reformas para ir poco a poco atajando este problema. El déficit de tarifa tan famoso básicamente consiste en un grave desequilibrio entre el coste del sistema eléctrico; y los ingresos recogidos mediante las tarifas eléctricas. Dichos ingresos sencillamente son insuficientes para cubrir dicho coste; en este sentido y para garantizar la viabilidad del sistema, hasta ahora el Estado corregía dicho desequilibrio a través de los presupuestos generales del Estado; sin embargo, con el advenimiento de la crisis, el Estado no puede hacer frente a este gasto y como consecuencia, se ha ido generando una deuda con las compañías eléctricas que no ha dejado de crecer.

De no haber tomado medidas en 2012, actualmente el déficit se habría ido incrementando en 10.500 millones de euros anuales, en lugar de los 4.600 actuales; esto nos da una idea de la gravedad de la situación. Para corregir todo el déficit restante, la factura de la luz para el consumidor final tendría que crecer un 19%, y si no se hubiesen tomado medidas, un 42%. La nueva reforma energética aprobada el pasado 12 de julio implica repartir la carga de esos 4.600 millones de euros anuales entre tres actores: empresas, Estado y consumidores (nosotros); así, de estos 4.600 millones, 2.700 millones serían asumidos por las empresas a través de modificaciones en sus retribuciones; 900 millones serán asumidos por el Estado, a través de los presupuestos generales del Estado; y los 900 millones restantes serán asumidos por los consumidores a través de una subida de los peajes (los peajes es, dentro de la factura, la parte que pagamos por acceder a la red eléctrica nacional para obtener energía).

Tras corregir el desequilibrio, las medidas también implican cambios en las normas para que en un futuro no vuelvan a producirse dichos desequilibrios, haciendo más flexible el sistema para adaptarse a las nuevas circunstancias. Finalmente, el tercer pilar de las reformas consiste en garantizar el suministro eléctrico al menor coste posible para el consumidor, fomentando la competencia entre las empresas eléctricas para reducir costes, además, se hace más clara y legible la factura para el consumidor y se reforzarán los servicios de atención al cliente de forma obligatoria y se mantendrán los sistemas de protección para los consumidores más vulnerables.

Además, se reducirán los costes del sistema por valor de unos 2.700 millones de euros anuales. Para ello, se modificarán dos aspectos fundamentales de dichos costes: por un lado, las energías renovables. Aunque no se puede decir que las renovables por sí solas sean las culpables del déficit de tarifa, ciertamente la forma en la que los sucesivos Gobierno la han implantado no era la más adecuada. Y es que, aunque es una energía que presenta muchas ventajas (menor dependencia del petróleo y por tanto, del exterior; y energía más limpia y menos contaminante); también tiene otras muchas desventajas, entre otras, el mayor coste que tiene generar esta energía. De manera que generar un kilovatio de energía renovable es casi cuatro veces más caro que generarlo con energías no renovables. Hasta ahora, esta diferencia de sobre coste era asumida por el Estado en los presupuestos, pero al final, esto ha devenido en insostenible, cuando España se ha convertido en una de las mayores potencias del mundo en el uso de esta energía (la instalación de plantas generadoras de energías renovables estaba subvencionada por el Estado y a menudo también por la Comunidad Autónoma dónde se encontrase, lo cual las convertía en un negocio muy lucrativo).

La reforma lo que busca con las renovables es un nuevo régimen retributivo, las instalaciones recibirán una serie de complementos en compensación por su mayor coste, en atención a criterios tecnológicos (es decir, cuánto mayor sea el desarrollo tecnológico de una energía renovable, menos costosa será y por lo tanto, menos complementos necesitará), esto garantizará, a largo plazo, una rentabilidad razonable y reducirá los costes de dicha energía.

Otro elemento dónde se llevará a cabo el recorte de gastos será en las redes de transporte y distribución, se establecerá un régimen para las redes de transporte y distribución que establecerá una retribución homogénea adecuada a una actividad de bajo riesgo. También se establece un volumen máximo de inversión asumido por el sistema eléctrico como coste anual.

Otras actividades reguladas del sistema también sufrirán medidas de reforma como por ejemplo, una disminución del coste de producción eléctrica en las centrales de fuel extrapeninsulares e insulares. También se disminuye la retribución actual de los pagos por capacidad que perciben en la actualidad las centrales de ciclo combinado (las más comunes que funcionan con energías no renovables como gas natural) y además se introduce un mecanismo de mercado para calcular la interrumpibilidad. De la misma forma, se introduce un sistema de incentivos a la energía eólica y fotovoltaica en Canarias y Baleares, dónde éstas energías son más baratas que las convencionales. Finalmente también se contempla el cierre temporal de instalaciones (hibernación) para reducir los costes, siempre garantizando la seguridad del suministro.

Para terminar, la Tarifa de Último Recurso (TUR), a la que se acogen la mayoría de los usuarios domésticos, pasa a llamarse, Precio Voluntario al Pequeño Consumidor. La reforma habilitará nuevas comercializadoras para suministrar a estos clientes, permitiendo además la competencia entre ellas para que así ofrezcan ofertas y descuentos a los consumidores, además se agiliza el proceso de cambio de compañía suministradora.

También se reformarán los costes de los peajes, reduciéndose para los consumidores medios y penalizando a segundas viviendas y a viviendas vacías. Los consumidores más vulnerables podrán seguir acogiéndose al bono social.

 

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