Medidas introducidas por la nueva Ley de Emprendedores

Conozca las nuevas medidas introducidas por la nueva Ley de Emprendedores aprobada ya en Consejo de Ministros.

Ley de EmprendedoresÚltimamente hemos venido escuchando mucho acerca de las bondades de la nueva Ley de Emprendedores en los medios de comunicación a nivel nacional en España, no obstante, y aunque introduce muchas novedades, sigue dejando algunos flecos sueltos y al humilde entender de quién escribe estas líneas, se queda bastante corta en ciertos aspectos. A continuación, vamos a ver qué novedades introduce:

1.) ¿A quién afecta esta nueva ley? En principio se beneficiarán de ella casi 1,3 millones de autónomos y más de 1 millón de PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas), siempre y cuando tengan un volumen de negocio inferior a los 2 millones de euros.

2.) Pago del IVA. Esta es otra de las novedades introducidas por la ley, el IVA no tendrá que ser abonado por el autónomo o pequeño y mediano empresario hasta que no se haya producido la facturación del mismo, es decir, hasta que no haya cobrado no tiene que ingresar el IVA, una indudable ventaja ya que hasta ahora, había que ingresar el IVA, tanto si habías cobrado, como si no.

3.) Deducciones al IRPF. Dentro de las medidas de incentivos fiscales, tenemos una deducción al IRPF que operará siempre que el límite de recursos propios de las empresas en las que inviertan los Business Angels sea de 400.000, en vez de los 200.000 que se dijo en un principio.

4.) Deducción al Impuesto de Sociedades. Otra medida de incentivo fiscal más, en este caso se contempla una deducción del 10% al impuesto de sociedades siempre que se reinviertan los beneficios, y destinado a las empresas con un volumen de negocio inferior a los 10 millones de euros. Asimismo, se amplía la deducción por actividades de I+D+i a todas las empresas, y se eleva del 50 al 60% la deducción de las rentas obtenidas de activos intangibles y se elimina el límite máximo.

5.) Deducción del IRPF para particulares, que inviertan capital semilla en una empresa de nueva creación, en concreto, una deducción del 20% en dicho impuesto, lo cual puede ayudar a incentivar a los particulares para que inviertan en starts up y empujen al emprendimiento. La base máxima de esto será de 20.000 euros al año, y se estará exento también de las plusvalías generadas, siempre que sean reinvertidas en más empresas de nueva creación.

6.) Residencia a cambio de adquirir viviendas desde 500.000 euros. Para favorecer la llegada de capital y de talento a España, el gobierno concederá permiso de residencia a los extranjeros que realicen una inversión económica significativa en España, en concreto, facilitará la residencia a extranjeros que hagan inversiones inmobiliarias por encima de los 500.000 euros o compren deuda pública por valor de 2 millones de euros.

7.) Emprendedor de responsabilidad limitada. Gracias a esta figura, la responsabilidad derivada de las deudas empresariales del emprendedor, no afectarán a su vivienda habitual, siempre que el valor de las mismas no supere los 300.000 euros. Esto dejará de aplicarse si el emprendedor ha actuado negligentemente o fraudulentamente .

8.) Reducción de cotizaciones sociales. Para no perjudicar la contratación de trabajadores, se reducen las cuotas a la seguridad social,  mientras que para apoyar la financiación se perfecciona el marco regulatorio de las cédulas de internacionalización y se crean los bonos de internacionalización con el fin de añadir mayor flexibilidad a la emisión de títulos que tengan como cobertura préstamos vinculados a la internacionalización.

9.) Se agiliza la creación de empresas. España era uno de los países más engorrosos desde el punto de vista legislativo para la creación de empresas, se fomenta el emprendimiento desde la educación, se abarata el coste para la constitución de una sociedad limitada de formación, esto permitirá crear empresas con un capital inferior a los 3.000 euros necesarios ahora, pero con el mismo límite en la responsabilidad. Además, habrá ventanillas únicas en los puntos de atención al emprendedor donde se podrán realizar todos los trámites, desde el inicio, el ejercicio y el cese de la actividad empresarial, será el punto de atención al emprendedor electrónico del MINETUR (Ministerio de Industria, Energía y Turismo), prestando la totalidad de los servicios previstos en la ley. Y para conseguir una segunda oportunidad para emprendedores, se crea un mecanismo de negociación extrajudicial de deudas de empresarios que prevé quitas de hasta el 25% de los créditos y moratorias de hasta 3 años.

10.) Reducción de cargas administrativas. Para fomentar el clima de negocios, reduciendo la carga administrativa, se desarrolla una nueva cláusula one is one out por la cual no se podrá diseñar una nueva traba administrativa si previamente no se elimina otra, además de otras cuestiones como la reducción de las cargas estadísticas o la eliminación de la obligatoriedad de disponer de un libro de vistas para la inspección, entre otras cosas. También se eliminan los obstáculos al acceso de los emprendedores a la contratación pública permitiendo que los empresarios puedan darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. Además se elevan los umbrales para la exigencia de la clasificación en los contratos de obras y de servicios. En particular, en los contratos de obras el umbral se eleva en 150.000 euros y en 80.000 euros para los contratos de servicios. Asimismo, se prevé que la garantía en los contratos de obra pueda constituirse mediante retención en el precio y se acortan los plazos para la devolución de garantías, pasando de doce meses a seis meses en caso de que la empresa adjudicataria sea una pequeña y mediana empresa. Y para luchar contra la morosidad, se reduce de ocho a seis meses el plazo de demora para solicitar la resolución del contrato en caso de que la empresa adjudicataria sea una PYME.

plusvalías a través de notarías

Las plusvalías podrán gestionarse gratuitamente desde las notarías

Las plusvalías podrán gestionarse gratuitamente desde las notarías gracias a un acuerdo alcanzado en Murcia, pionero a nivel nacional.

plusvalías a través de notaríasEl Ayuntamiento de Murcia ha puesto en marcha un proyecto pionero a nivel nacional y que afectará en principio al tributo de las Plusvalías y las modificaciones de los padrones fiscales del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, basuras o vados permanentes; sin embargo, se está valorando la posibilidad de abrirlo también a las empresas suministradoras de servicios de luz, agua o gas. En concreto, el Ayuntamiento permitirá a los ciudadanos gestionar todos los trámites relacionados con su escritura, puesto que los notarios se han comprometido a remitirla al Ayuntamiento tras su firma, a instancias del ciudadano.

La fecha de inicio de este proyecto dependerá en gran medida del calendario previsto para la puesta en marcha de todo el sistema informático existente detrás de la idea, aunque se prevé que esté listo en unos pocos días. De esta forma, cada ciudadano podrá tener a su disposición en las notarías el servicio de pago de impuestos, directamente a través de la información disponible en las notarías. Como ejemplo tenemos el IBI ordinario, se tendrá que pagar en la entidad financiera habitual del ciudadano, pero en el momento de la transmisión de la propiedad del inmueble, en la misma notaría, se hará revisión de la situación del inmueble, pudiendo consultar si hay cargas, préstamos, embargos, hipotecas pendientes o recibos de contribución sin pagar en caso de que existan.

Este acuerdo también contempla que “cuando se liquida la plusvalía municipal y se devenga el plazo de 30 días para pagarlo, se trata de que el vendedor a quien corresponde en la mayoría de las ocasiones el pago de esos impuestos sepa en el momento en que abandona la notaría que le cuesta tanto y tendrá a su disposición la carta de pago para poderse dirigir a la entidad de crédito sin necesidad de pasar por las oficinas del ayuntamiento a liquidar la plusvalía”.

Esta medida ahorrará mucho tiempo a los ciudadanos murcianos además de desplazamientos innecesarios para cumplir con las obligaciones tributarias, especialmente relacionadas con la compraventa o transmisión de viviendas. Y al mismo tiempo se reducirán muchos costes de gestión y facilitará el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los ciudadanos al unificar todos los trámites en uno solo. La medida está encaminada a avanzar en la administración electrónica y en reducir los costes, medidas todas ellas dentro del marco de recomendaciones que realizó el gobierno en su reforma de las administraciones presentada hace escasos días, no cabe duda que cualquier avance en este sentido, redundará en el beneficio de los ciudadanos.

 

obra de reforma de vivienda

Cinco preguntas frecuentes sobre las obras de reforma de viviendas

El colegio de Administradores de Fincas de Madrid ha elaborado una lista con cinco preguntas frecuentes sobre las obras de reforma de viviendas.

obras de reforma de viviendasEl verano es la época favorita de muchas familias para acometer obras de reforma en sus viviendas, y es que, aunque éste sector no está pasando por sus mejores momentos, aún se siguen haciendo muchas reformas, y la mayoría de ellas, en época estival; y no solo en las viviendas privadas, también en las comunidades de propietarios. Uno de los principales motivos es que las condiciones meteorológicas favorecen la consecución de obras exteriores tales como pintura de fachada, limpieza, instalación de aires acondicionados, etcétera. Además, durante los meses de verano hay menos gente en los inmuebles, por lo que se evitan perjuicios y molestias a los vecinos.

A fin de informar de las exigencias que nos vamos a encontrar en este tipo de obras, el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid ha elaborado un listado con cinco preguntas frecuentes sobre las obras de reforma de viviendas, creando así una pequeña guía de pregunta-respuesta y que soluciona muchas de las principales dudas de los propietarios. Aquí os dejamos un extracto literal con las cinco cuestiones más importantes de cara a una reforma:

1) ¿Qué permisos y licencias debe solicitar el propietario para realizar una obra en su vivienda?

La ordenanza municipal de tramitación de licencias de cada localidad establece aquellas actuaciones o intervenciones en el edificio que están sujetas a licencia.

Por ejemplo, la autorización por parte del Ayuntamiento de Madrid es más o menos rigurosa dependiendo del tipo de obra y nivel de protección del edificio.

2)  ¿Es necesario comunicar a la comunidad de propietarios el inicio de las obras?

La Ley de Propiedad Horizontal dice que es obligación del propietario informar al presidente de la comunidad de la ejecución de una obra en el interior de su vivienda. De esta manera, la comunidad se asegura de que no se van a alterar elementos comunes (por ejemplo, tirar un muro de carga o una viga). Ahora bien, las obras que no alteren la seguridad, estructura o configuración exterior del edificio no requieren autorización de la comunidad, solo su puesta en conocimiento.

3) Si la reforma de la vivienda ha afectado a elementos comunes (fachada, muro de carga…), ¿cuál es el plazo de reclamación por parte de la comunidad?

La comunidad de propietarios tiene un plazo de reclamación de 15 años desde que fueron conocidas por parte de la comunidad las obras no consentidas, margen de tiempo en el que los comuneros pueden adoptar un acuerdo por mayoría simple de inicio de acciones judiciales exigiendo al propietario infractor la reposición de los elementos comunes en las mismas condiciones que existían o reclamación de indemnización por daños y perjuicios.

4) ¿Existe un horario específico para acometer una reforma?

Los niveles de ruido permitidos están regulados en las ordenanzas de protección del medio ambiente urbano del municipio donde radique la finca. En la ciudad de Madrid rige la Ordenanza de Protección de la Atmósfera contra la Contaminación por Formas de Energía, que prohíbe las obras en el interior de las viviendas desde las 21 horas hasta las 8 horas, en días laborables, y desde las 21 horas hasta las 9,30 horas los sábados, domingos y festivos.

También la comunidad de propietarios puede aprobar por un acuerdo mayoritario una norma de régimen interno que regule los periodos y horas en que los propietarios pueden ejecutar determinadas obras (por ejemplo renovación o instalación de calefacción). Ahora bien, esta reglamentación no puede introducir criterios arbitrarios, es decir, tiene que estar motivada o justificada y suponer mejoras con respecto a las horas marcadas en la normativa municipal. En este caso prevalecerían las normas de régimen interno.

5) ¿Se puede utilizar el ascensor para el transporte de materiales y escombros?

El ascensor no es un sistema que se encuentre previsto para subir y bajar escombros, sino personas y enseres, aunque no existe una restricción legal que impida la utilización del mismo en estos casos.

Si finalmente se utiliza el ascensor, es recomendable recubrirlo para evitar desperfectos, puesto que será responsabilidad del propietario los daños ocasionados en el mismo. También correrá por su cuenta la limpieza y dejar el inmueble en el mismo estado  en que se lo encontró con anterioridad a la reforma. Y esto se hace extensible a los pasillos y escaleras comunes.

Como vemos son cuestiones que cualquiera puede plantearse a la hora de acometer una reforma en su vivienda, y que son muy importantes si queremos que nuestra obra transcurra sin mayores sobresaltos, derivados de molestias a los vecinos y demás cuestiones.

reforma de las administraciones públicas

Aprobada nueva Ley de la Función Pública y Estatuto del directivo público

Aprobada nueva Ley de la Función Pública y Estatuto del directivo público por parte del Gobierno.

Reforma de la administración públicaComo parte de la reforma anunciada ya por el Gobierno de las administraciones públicas, se va a crear una nueva Ley de la Función Pública y Estatuto del directivo público. En este sentido, el Gobierno ha destacado el importante papel de los funcionarios públicos como pieza importantísima en la modernización y reforma de la administración, por ello, se elabora esta nueva ley que pretende dar soporte jurídico definitivo a los funcionarios. Esta nueva norma recogerá instrumentos de ordenación de la función pública, la estructura de la carrera administrativa y mejoras en los procedimientos, el Gobierno ha llegado a calificarla como algo revolucionaria y muy ambiciosa.

El estatuto del directivo público, que se aprobará junto a la ley, para llenar el vacío legal que hasta ahora situaba en una especia de limbo a estos profesionales, esenciales para el funcionamiento de la administración pública. Con esta nueva normativa se diseñará el régimen  jurídico aplicable a este colectivo esencial, se precisará qué vinculación hay entre estos directivos y la administración pública, el proceso de selección del mismo, la evaluación permanente de su rendimiento, entre otras cuestiones.

El Gobierno también ha recomendado a las Comunidades Autónomas que agreguen esta normativa a su propio ordenamiento jurídico para mejorar también la administración autonómica y reducir los gastos a nivel nacional, reinventando las administraciones públicas. Junto a esta reforma, en julio  se enviará al Congreso la propuesta de reforma de la administración local.

Preferentes

Se cierra acuerdo con los jueces en Galicia para acelerar los casos de preferentes

Se cierra acuerdo con los jueces en Galicia para acelerar los casos de preferentes y darles salida lo antes posible.

PreferentesLa Xunta de Galicia ha cerrado de común acuerdo con los jueces un plan para agilizar enormemente el procedimiento judicial de los casos de preferentes a fin de que sus afectados puedan recuperar sus ahorros cuanto antes. Precisamente, las autoridades judiciales españolas ya alertaron en su día de que, ante la previsible presentación masiva de demandas cuando se concretase la quita, había que articular un plan para que los ciudadanos afectados por este conflicto, pudiesen tener acceso a la justicia, evitando los más que seguros colapsos de una forma eficaz.

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Aprobado el nuevo proyecto de Ley de Seguridad Privada en España

Aprobado el nuevo proyecto de Ley de Seguridad Privada en España en el Consejo de Ministros del pasado viernes 14 de junio.

Ley de la Seguridad PrivadaEste nuevo texto legal va a definir la seguridad privada como complementaria, subordinada, colaboradora y controlada por la Seguridad Pública. Este proyecto de ley ha sido presentado en el Consejo de Ministros por el Ministerio del Interior e impulsará la coordinación y la cooperación entre los sectores de seguridad pública y privada, lo que abrirá la posibilidad de prestar nuevos servicios que la sociedad estaba demandando y que no estaban recogidos en la anterior normativa de 1992. La nueva ley también combatirá y castigará con dureza el intrusismo, con sanciones e incluso el cierre, de aquellas empresas que contravengan la nueva regulación.

La seguridad privada en España ha experimentado un rápido desarrollo en los últimos años, generando un crecimiento espectacular de este sector, que está compuesto en la actualidad por unas 1.490 empresas, dando trabajo a más de 85.000 personas y con una facturación de 3.215 millones de euros, según los últimos datos de 2012. España es uno de los estados más policiales de toda la Unión Europea, hay alrededor de 516 agentes por cada 100.000 personas, muy superior a los 385 de media que hay en la Unión Europea, sin embargo, la seguridad privada apenas llega a los 195 por cada 100.000 personas, 76 menos que la media europea.

En su momento, la legislación sobre seguridad privada en España, en 1992, fue considerada pionera e imitada por todos los países de nuestro entorno, sin embargo, han pasado 20 años desde entonces, y su aplicación ha quedado obsoleta y alejada de la realidad actual, generando inseguridad jurídica y amplias lagunas.

El anteproyecto fue presentado por la cartera de interior el pasado 12 de abril ante el Consejo de Ministros, una vez hecho esto, entregó otra copia del mismo a las entidades representativas del sector de la seguridad privada en España. En estos dos meses desde abril hasta junio, han recibido 44 observaciones de varias entidades del sector, detectives privados, sindicatos, gremios de joyeros, así como la FEMP y la Generalitat de Cataluña, además de sendos informes de la Agencia Española de Protección de Datos, Comisión Nacional de la Competencia y Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

A partir de ahora la nueva Ley de Seguridad Privada recogerá el deber de comunicar los contratos al Registro Nacional de Seguridad Privada, sin que dicha comunicación, incluya datos de carácter personal. Se refuerza también el deber de secreto profesional de los detectives privados que solo podrán informar de sus investigaciones a sus clientes, jueces y policías, en el ejercicio de sus funciones. En materia competencial Estado-Comunidades Autónomas, cuando éstas últimas tienen la competencia transferida en esta materia, el texto deja clara la distribución de estas competencias. Otra novedad es la liberalización de la consultoría de seguridad, es decir, si antes se necesitaba la elaboración de un informe de riesgos, planes y auditorías de seguridad, todas ellas actividades que necesitan autorización, ahora se sustituyen determinadas autorizaciones previas para el ejercicio de ciertas actividades por declaraciones responsables (sin perjuicio de la facultad de comprobación administrativa). Finalmente, habrá servicios que no podrán realizar las empresas de seguridad privada, como son las investigaciones privadas, que las llevarán a cabo agencias de detectives.

desahucios

En 2012 hubo 43.858 desahucios por impagos de hipoteca

En el informe presentado por el Consejo General del Poder Judicial “la justicia dato a dato” señala que en 2012 hubo 43.858 desahucios por impagos de hipoteca en España.

desahuciosEl informe “la justicia dato a dato 2012”, elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nos indica que el número de desahucios derivados del impago de las hipotecas llegó en 2012 a 43.858, esto equivale a un 89,3% de todas las ejecuciones hipotecarias en España. El órgano de gobierno de los jueces presentó los datos ayer en rueda de prensa de este estudio, y los han incluido por primera vez, en respuesta, según han indicado, al clamor social por disponer de más información en este tema.

El informe pone de manifiesto que hasta hace poco tiempo, las fuentes de información sobre este asunto eran muy escasas, y han advertido que los datos ofrecidos son solo una estimación. Concreta que el número total de desahucios en 2012 en España ha sido de 101.034, de los cuales, 43.858 corresponden al impago de hipotecas; a ellos se suman los 54.718 desahucios de alquileres; 1.909 de laudos arbitrales y 549 provocados por asuntos de familia.

El CGPJ menciona también los datos proporcionados además por el Colegio de Registradores de España, advirtiendo que se trata de una infraestimación. Esta información refleja que en 2012 hubo 65.778 desahucios hipotecarios sobre viviendas constituidas por personas físicas, un 74,8% de ellas, en viviendas habituales. La dación en pago se dio en 14.229 casos. Estos son los datos que las oficinas registrales han aportado, por lo tanto podemos concluir que el informe del CGPJ es una estimación a la baja del número.

El órgano de gobierno de los jueces ha analizado también un informe del Banco de España en el que se asegura que en 2012 se entregaron 39.167 viviendas, 32.490 de ellas habituales, en procesos de ejecución de hipotecas concedidas a familias sobre viviendas. Esto quiere decir que al menos 39.167 viviendas de las desahuciadas fueron revendidas a otras familias, de las cuales, 32.490 la tienen como vivienda habitual.

El Colegio de Abogados de Sevilla adelanta 600.000 euros a sus abogados

El Colegio de Abogados de Sevilla adelanta 600.000 euros a sus abogados por los turnos de oficio del último trimestre de 2012.

justicia gratuitaEsto es al menos lo que reza la comunicación remitida el pasado viernes a los abogados del Colegio de Abogados de Sevilla, y ese mismo día, ordenó las transferencias bancarias a los 1.378 abogados a los que aún se les debe el 50%  del importe de los turnos de oficio que acreditaron respecto al último trimestre de 2012.

El decano de la institución, Don José Joaquín Gallardo ha destacado que con este adelanto, se finiquitan todos los servicios de asistencia jurídica gratuita prestados durante el año 2012, tanto en guardias de detenidos como en turnos de oficio en todos los órdenes jurisdiccionales. En este sentido, el decano ha manifestado que de esta forma, se pretende reducir en cierta medida el impacto económico que produce en muchos despachos de abogados las demoras en los pagos de la Junta de Andalucía, demoras que, aclara el Colegio de Abogados de Sevilla, son entendibles dada la maltrecha situación de la caja de la Junta de Andalucía.

En este sentido, Gallardo ha considerado que el Colegio de Abogados de Sevilla debe hacer un esfuerzo de financiación en beneficio de los abogados, amortiguando así en lo posible el retraso en que incurre la Junta de Andalucía debido a la difícil situación económica. Por esta razón y a pesar de esto, se ha destacado el esfuerzo económico de la Junta por mantener la asistencia jurídica gratuita a pesar de las circunstancias económicas.

Al mismo tiempo ha lamentado el recorte que algunos Colegios padecen y que redunda en la reducción de los gastos en las infraestructuras necesarias para prestar los servicios de orientación jurídica gratuita para aquellos ciudadanos con escasez de recursos económicos y poder tramitar así mejor los numerosos expedientes de justicia gratuita que se acumulan.

Al hilo de todo esto, Gallardo ha recordado que la Junta ha reducido a la mitad la aportación económica que por imperativo legal venía efectuando para contribuir a los gastos del servicio de orientación jurídica, añadiendo que, en la actualidad, esas oficinas públicas están siendo mantenidas prácticamente en su totalidad, por los propios Colegios de Abogados andaluces y con cargo a sus tesorerías. Por lo que hace un llamamiento a cambiar esta situación lo antes posible.

Entra en vigor la nueva Ley del Alquiler

Entra en vigor la nueva Ley del Alquiler que reforma la Ley de Arrendamientos Urbanos con la intención de fomentar y mover el mercado del alquiler en España.

Ley del AlquilerSe han publicado ya en el Boletín Oficial del Estado, las diferentes modificaciones que la nueva Ley del Alquiler ha introducido en la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 a fin de flexibilizar y fomentar el mercado del alquiler de vivienda en España y que entró en vigor ya el pasado 6 de junio. Entre otras, esta nueva Ley del Alquiler introduce las siguientes novedades en el campo de los alquileres:

  • El plazo durante el cual el arrendatario puede prorrogar obligatoriamente el contrato para de 5 a 3 años. El periodo adicional de tres años que existía a partir de los cinco años se reduce a uno, por lo tanto y en resumen podemos decir que ahora la duración es de 3+1, en lugar de 5+3 que había antes.
  • El inquilino puede desistir del contrato pasados seis meses de su vigencia con un preaviso de 30 días. En estos casos se puede prever una indemnización en el contrato de alquiler a favor del propietario y/o arrendador de un mes de alquiler por cada año dejado de cumplir. Asimismo, el arrendador y/o propietario puede echar a su inquilino avisando con dos meses de antelación, en el caso de que necesite la vivienda para su uso o el de su familia.
  • Se flexibiliza la regla de actualización de la renta. Mientras que con la anterior normativa, el alquiler solo se podía actualizar durante los primeros cinco años con el IPC, ahora las partes pueden pactar otros sistemas de actualización (por ejemplo, renta reciente, IPC más un diferencial, etcétera…)

Además de esto, también se agilizará el proceso de desahucio por el impago del alquiler. Y es que, a pesar de las reformas que ya se introdujeron en 2009 y 2011, los procedimientos de desahucio siguen siendo muy lentos e ineficaces, por ello es necesario agilizar este proceso, reduciendo al mínimo posible la intervención judicial. En línea con favorecer la inscripción del Registro de la Propiedad, se prevé un proceso más sencillo de actuación en el caso del impago, siempre que se trate de alquileres inscritos en dicho registro.

En estos casos, siempre que así se señale en el contrato, la falta de pago de la renta podrá dar lugar a la resolución del alquiler, sin más exigencia que un previo requerimiento judicial o notarial, sin necesidad de obtener sentencia declarativa. Una vez cancelada la inscripción del alquiler, se podrá ejecutar el desahucio y el arrendador y/o propietario recuperará la vivienda.

Junto a ello se crea además un procedimiento judicial acelerado para que en el plazo de diez días se proceda la pago de la renta debida y se simplifican los procedimientos judiciales para efectuar los desahucios duplicando la capacidad de los juzgados.

 

La Comisión Nacional de la Competencia estará lista en cuatro meses

La Comisión Nacional de la Competencia estará lista en cuatro meses según apuntó ayer el Gobierno.

Comisión Nacional del Mercado y la CompetenciaA pesar de que la ley que regulará el funcionamiento de esta nueva entidad independiente ha entrado hoy en vigor, no será hasta dentro de 4 meses cuando empiece la comisión a funcionar de manera efectiva. Así, el Gobierno aprobará en los próximos dos meses el estatuto orgánico de la nueva CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), que regulará su estructura orgánica, la distribución de competencias entre sus diferentes órganos y el régimen de su personal; en los siguientes dos meses se aprobará el nombramiento de los diez integrantes de esta nueva comisión.

Por lo tanto, aún está pendiente de aprobación el nombramiento del presidente de la citada comisión y sus integrantes, un total de diez miembros, que serán nombrados por el Gobierno, pero ratificados después por la Comisión de Economía del Congreso, que podría vetarlos. En la norma también se especifica que la puesta en funcionamiento de la Comisión Nacional de la Competencia se considerará una circunstancia extraordinaria que, conforme a la legislación específica aplicable, permitirá la ampliación del plazo máximo para resolver los procedimientos sometidos a caducidad o afectados por el silencio administrativo.

La razón de ser de esta nueva comisión es aunar en uno solo, todos los organismos reguladores, pero separando en dos salas diferentes, los temas relativos a la competencia, de los temas de supervisión. Este cambio se introdujo debido al recelo de la Unión Europea ante la unificación pura de todos los reguladores. De esta forma, la sala especializada en competencia estará dirigida por el presidente de la comisión; mientras que la segunda será dirigida por el vicepresidente. Habrá diez consejeros, cinco por cada sala. El mandato de los miembros de la comisión será de seis años sin posibilidad de reelección y la renovación de los miembros será parcial cada dos años, de esta forma, ningún miembro del consejo permanecerá en el cargo más de seis años.