fraude a la seguridad social

El Ministerio de Empleo retira 60.000 prestaciones por desempleo

El Ministerio de Empleo retira 60.000 prestaciones por desempleo debido a que se cobraron indebidamente.

Fraude a la seguridad socialEl fraude a la seguridad social está a la orden del día en los tiempos de crisis que vivimos, la práctica más habitual suele ser la de crear empresas ficticias para realizar falsas contrataciones durante el tiempo suficiente para acceder a la prestación por desempleo. Hay que recordar que las prestaciones por desempleo salen a cuenta de los presupuestos que se aprueban con nuestros impuestos, por ello, a pesar de que la crisis golpea fuerte y se viven situaciones extremadamente complicadas, no debemos perder de vista esta realidad, y ser responsables con este tipo de prestaciones.

Esta retirada de 60.000 prestaciones por desempleo indebidas han generado un ahorro a la seguridad social de 915, 1 millones de euros, en este sentido, se han retirado un 14,8% más de prestaciones indebidas que el año pasado, lo que ha supuesto, un ingreso a las arcas del Estado de 119 millones de euros más que el pasado año. Este es solo uno de los efectos que ha causado la reciente reforma del Gobierno en el marco del Plan de Lucha contra el Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social, aprobado en abril de 2012 y que se detalla a los medios por carta remitida desde el Ministerio de Empleo.

El plan, desde que entró en funcionamiento en abril de 2012, ha supuesto un ahorro de 3.160,7 millones de euros, además, se han llevado a cabo 334.214 inspecciones en materia de empleo irregular, con las que se han descubierto 130.512 empleos fraudulentos. Y en cuanto a la lucha contra las empresas ficticias, se han llevado a cabo 35.761 inspecciones en esta materia, como consecuencia, se han anulado 64.379 altas fraudulentas, a partir de 3.523 infracciones.

Además, el ministerio de empleo ha habilitado un buzón para que los ciudadanos puedan presentar denuncias anónimas contra estas conductas fraudulentas e insolidarias, que dinamitan el sistema de la seguridad social. Dichas denuncias serán analizadas e investigadas por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. También podrán denunciar aquellos trabajadores que sean objeto de fraude laboral y a la Seguridad Social, teniendo el servicio de inspección un absoluto deber de silencio respecto a la identidad del trabajador denunciante.

 

Administración Local

Aprobada la reforma de la administración local

El Gobierno deja aprobada la reforma de la administración local al amparo del principio: “una administración, una competencia”.

Administración LocalEl Consejo de Ministros ha remitido a las Cortes su proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que responde al principio de una administración, una competencia y que supondrá un ahorro a las arcas del estado de más de 8.000 millones de euros entre los años 2013 y 2015. El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha afirmado que esta reforma de la administración local, presentada ya formalmente en febrero de este año, es una reforma de marcado carácter “promunicipalista” y que pretende situar a las corporaciones locales en el lugar que se merecen y que “históricamente se les ha vetado”.

Esta reforma pretende la reordenación del caótico Estado de las Autonomías, delimitando exactamente cual es la competencia de las administraciones locales y cual la competencia de las Comunidades Autónomas, de manera que no se produzcan solapamientos ni interminables retrasos burocráticos fruto de la duplicidad de actividades; y además, delimitar también la competencia de la Administración General del Estado.

El Ministro ha explicado que de esta forma se ordenan las actividades del sector público y se racionaliza la oferta de servicios, en este sentido, se definen las actividades que deben realizar las administraciones públicas, sin perjuicio de que puedan realizar otras, siempre y cuando sean sostenibles en términos presupuestarios y financieros.

Asimismo, el ministerio ha resaltado el reforzamiento del papel de las Diputaciones Provinciales, muy olvidadas hasta ahora y que podrán coordinar determinados servicios. Los Ayuntamientos estarán obligados a explicar qué cuesta cada servicio público que ofrecen, de manera que tendrán que decidir si se mancomunan, o si se los ceden a la Diputación, siempre y cuando ésta los pueda asumir en mejores condiciones a un coste más bajo.

De esta forma, la reforma lo que pretende es sustituir el clásico concepto que se venía dando hasta ahora de “coste estándar” para los servicios, por el concepto de “coste real” y efectivo, no se estiman los costes, sino que éstos son los que son sin más, así, se podrán asignar los servicios y competencias a la administración que resulte más eficaz en términos de calidad-precio.

Otra gran novedad que introducirá la reforma y que podría cambiar por completo el mapa municipal español, al menos durante su periodo de vigencia, es que el Gobierno incentivará la fusión voluntaria de Municipios, en otras palabras, aquellos ayuntamientos, que bien por cercanía, bien por pragmatismo, o bien por necesidades económicas, decidan unificarse en un solo Ayuntamiento, dejando uno de los municipios como barrio del otro, recibirán un mayor apoyo financiero por parte del Estado, así se evitará la dispersión administrativa que en muchas ocasiones es demasiado costosa.

Además la reforma limitará la retribución de los cargos políticos y equipara los salarios de los funcionarios que realizan actividades similares, la idea es seguir ahorrando costes en la oferta de servicios públicos a los ciudadanos y promover la actividad económica. El Gobierno ha afirmado que no obstante está abierto a cualquier propuesta que venga desde cualquier formación política, a fin de que el proyecto nazca con el mayor número de apoyos posibles.

incremento de las multas por conducir bebido

Incremento de las multas por conducir bebido

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 26 de julio un anteproyecto de ley para modificar parcialmente la ley de tráfico e introducir un incremento de las multas por conducir bebido.

incremento de multas por alcohol y drogasEste incremento es solo una de las reformas introducidas, además de dicha reforma se incluyen otra serie de medidas como por ejemplo la obligatoriedad del uso del casco en menores de 18 años que vayan en bicicleta por cualquier tipo de vía; y se mantiene la obligatoriedad para mayores de 18 años que circulen en bicicleta por vías interurbanas.

En cuanto al alcohol y las drogas al volante, especialmente el tema de las drogas, se han introducido como respuesta al extraordinario incremento en la presencia de estas sustancias en los controles de detección en los últimos años. Se han alzado muchas voces críticas en contra de este incremento de la cuantía de las multas por conducir bebido, principalmente critican su carácter aparentemente recaudatorio. El Gobierno alega que el alcohol, y sobre todo las drogas últimamente, se están convirtiendo en un problema grave para la seguridad vial.

En este sentido la nueva normativa distingue entre la regulación administrativo-sancionadora, que castiga la mera presencia de drogas en el organismo del conductor; del tipo penal que tipifica la influencia de las drogas en la conducción (artículo 379.2 del Código Penal. También se recoge por primera vez el método de detección de este tipo de sustancias, método que ya estaba previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que se ha demostrado jurídicamente seguro, viable policialmente y poco intrusivo para el ciudadano, consistente en la extracción de una muestra salival mediante dispositivo autorizado y su posterior análisis.

El consenso es mucho mayor en el tema de las drogas, sin embargo en el tema del alcohol, el incremento de la cuantía de las multas ha despertado las sospechas de un posible afán recaudatorio detrás de esta subida, evidentemente, tanto si existe como si no, es muy difícil demostrar dicho afán teniendo en cuenta el incremento que ha habido ya que, por lo general, la línea que separa el afán recaudatorio de la búsqueda de una mayor seguridad vial es extremadamente fina. Así, las multas por conducir con una tasa de alcoholemia superior a la establecida o en presencia de drogas pasará de los 500 euros actuales a los 1.000 euros.

Es evidente que detrás de muchos accidentes están factores como el exceso de velocidad, exceso de confianza, drogas y alcohol, nadie puede dudar de esto; sin embargo, los niveles de alcoholemia permitidos en la actualidad son tan bajos, y la tolerancia de cada persona es tan diferente, que se corre el riesgo de convertir esta norma en injusta, ya que una tasa de alcoholemia de 0,30 no afecta a la conducción en la misma medida a un varón de 100 kilos de peso y 190 cm de estatura, que a una mujer de 47 kilos de peso y 150 cm de estatura, por lo tanto, excederse de la tasa de alcoholemia permitida no puede suponer el ir “bebido” conduciendo, entendiendo por “bebido” una grave perturbación de las facultades psicomotrices que provoca una conducción manifiestamente temeraria e imprudente, es por esto que las voces críticas de esta reforma denuncian un posible afán recaudatorio, ya que con los límites actuales es extremadamente fácil excederse de la tasa de alcoholemia permitida.

Otra de las novedades muy criticadas es la de la prohibición del uso de detectores de radares, de forma que si se detectan puede incurrirse en sanción administrativa con pérdida de puntos incluida, además se regula la inclusión de radares de tramo en nuestras carreteras, tras haber probado con éxito su efectividad. Medida controvertida esta pues aunque es cierto que el exceso de velocidad está detrás de muchos accidentes, no es menos cierto también que muchos radares están situados en zonas donde un moderado exceso de velocidad (respecto de la máxima permitida), no supone un aumento de la peligrosidad, hablamos de tramos de autovía de varios carriles en perfecto estado y en línea recta; mientras que en carreteras secundarias, en mal estado, de doble sentido y poco iluminadas durante la noche, no hay ningún radar que controle el exceso de velocidad, siendo además este tipo de carreteras las que más accidentes generan.

Junto a estas, se han introducido medidas de seguridad respecto a los conductores y ocupantes de los vehículos, de manera que los ocupantes menores de edad podrían ocupar los asientos delanteros o traseros en función de su talla. Esta medida aún debe ser desarrollada con posterioridad por el Reglamento General de Circulación. Esta medida responde a la necesidad de adaptarse al futuro Reglamento General de Circulación que prepara el Gobierno Central de la Unión Europea, en función de los avances que se vayan produciendo en materia de seguridad.

También se introducen medidas relativas a las obras que se vayan a realizar en las vías, debiendo comunicarlas previamente a las autoridades de gestión y regulación del tráfico; inmovilización de vehículos de clase D (autobús) o C (Camión) conducidos sin el correspondiente permiso; o circular con un vehículo que va perdiendo la carga por la vía debido a un mal acondicionamiento y poniendo en peligro a los demás conductores. Todo esto supondrá sanciones más graves con la nueva regulación.

tarifa plana para autónomos

La tarifa plana de 50 euros se ampliará a todos los nuevos autónomos

El Gobierno ha anunciado que la tarifa plana de 50 euros se ampliará a todos los nuevos autónomos.

tarifa plana para autónomosDesde que dio comienzo la Estrategia para el Emprendimiento y el Empleo Joven del Gobierno, casi 50.000 jóvenes se han adherido a la tarifa plana para autónomos de 50 euros mensuales. Ahora, el ministerio de empleo y seguridad social ha anunciado que en el marco de la tramitación parlamentaria de la nueva Ley de Emprendedores, esta tarifa plana de 50 euros se extenderá a todos los autónomos nuevos que se den de alta y no solo a los jóvenes, buscando así el beneficio de aquellos parados de larga duración de mediana edad que quieran iniciar algún tipo de actividad por cuenta propia para compensar la falta de puestos de trabajo en el mercado laboral.

Así, los autónomos nuevos que se den de alta, tendrán que pagar solo 50 euros al mes, independientemente de su edad, en lugar de los 250 euros actuales. Desde su puesta en marcha, la Estrategia para el Emprendimiento y el Empleo Joven del Gobierno ha sido un auténtico espaldarazo a su política laboral, ya que desde su puesta en marcha, casi 50.000 jóvenes se han adherido a esta tarifa plana, dando comienzo a una nueva actividad, dando a su vez oportunidades a más de 62.000 jóvenes, o lo que es lo mismo, 500 jóvenes por día.

De las 100 medidas propuestas por el Gobierno para fomentar el empleo joven que comprende la Estrategia, 26 están dirigidas al fomento del autoempleo y el emprendimiento. Entre ellas, el ministerio ha destacado la posibilidad de compatibilizar el cobro de una prestación por desempleo, con el inicio de una actividad por cuenta propia; o la capitalización del 100% de la prestación por desempleo para realizar una aportación al capital social de una nueva empresa, y que se pueda reanudar el cobro de la prestación por desempleo si la actividad no tiene éxito.

Y es que, aún siendo una medida imperfecta, lo cierto es que la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven del Gobierno, está dando mejores resultados incluso de los previstos por el más optimista de los analistas del mismo, los recientes datos positivos de empleo, en términos desestacionalizados, tienen buena parte de su origen en medidas como ésta. Ahora, con esta nueva modificación, los parados de mediana edad altamente especializados, tienen una nueva oportunidad de generar ingresos y crearse el puesto de trabajo más estable que existe, que es el del autoempleo; no estando a merced de la crueldad de un mercado laboral que se ceba especialmente con este segmento de población.

pensión de alimentos

El CGPJ crea una calculadora para calcular las pensiones alimenticias

El CGPJ crea una calculadora para calcular las pensiones alimenticias en los procesos de divorcio, nulidad o separación.

pensión de alimentosUno de los temas más espinosos y controvertidos del derecho de familia en general, es el de las separaciones, nulidad o divorcios; no solo ya por que de por sí sean temas, en general, “desagradables” de tratar por la fuerte carga emocional que conllevan y el grave perjuicio que en ocasiones genera para los hijos menores de edad fruto de esa relación frustrada; sino también por el hecho de ser temas complicados per se por la intervención de muchos elementos no jurídicos en los mismos.

Dentro de estos elementos tenemos el eterno dilema de la pensión de alimentos. La pensión de alimentos consiste básicamente en una cantidad de dinero que debe aportar el progenitor que no se va a hacer cargo de los hijos menores de edad, al progenitor que sí se va a hacer cargo de ellos, es decir, al que tiene la guardia y custodia. Dicha cantidad de dinero, en teoría, está destinada a cuestiones tales como la educación, la ropa, la manutención y demás, del hijo común menor de edad. La cantidad de dinero aportada dependerá de muchos factores tales como: la situación económica del progenitor que aporta la pensión, la situación económica del progenitor que ostenta la guardia y custodia, el nivel de vida general del que disfrutara el menor de edad antes de la ruptura familiar y el criterio de gasto que el juez estime necesario en aras del interés del hijo menor de edad.

No es necesario ser Doctor Honoris Causa en Derecho para darnos cuenta que se trata de criterios extremadamente volubles y subjetivos, que en un momento dado pueden llegar a convertirse en absolutamente discrecionales y arbitrarios, con el consecuente perjuicio para el progenitor que debe aportar dicha pensión. Es por ello que en los temas de nulidad, separación y/o divorcio, el asunto de la pensión de alimentos suele ser el que más controversias y diferencias entre las partes genera. Máxime aún cuando el progenitor que debe aportar dicha pensión es consciente de que el impago de la misma, puede derivar en un delito de abandono de familia, tipificado en el Código Penal; esta cuestión hace aún más espinoso el cálculo de la pensión alimenticia.

Por todo ello, el CGPJ (Consejo General del Poder Judicial), a través de su web, ha habilitado un sistema en forma de calculadora para calcular las pensiones alimenticias y que se encuentra a disposición del público a través de su web. Pinche aquí para obtener más información y descargar la calculadora. Este instrumento sirve como orientación para jueces, abogados, fiscales y ciudadanos en general y permite conocer, de manera aproximada, la cuantía de una pensión de alimentos, en función de los citados criterios económico-sociales del progenitor que los aporta y del hijo menor de edad beneficiario.

Este instrumento ha sido creado con la colaboración del INE (Instituto Nacional de Estadística) como respuesta a la demanda que desde el poder judicial se ha venido haciendo de una tabla orientativa para el cálculo de un tema tan delicado como las pensiones en el ámbito del derecho de familia. Gracias a este sistema, la seguridad jurídica se incrementa, junto la previsibilidad de las decisiones judiciales en este tipo de temas, además de facilitar los acuerdos extrajudiciales.

Este sistema de tablas, lleva funcionando algunos años en ciertos países de nuestro entorno con un éxito probado, países como Canadá, Noruega, Estados Unidos o Alemania. Las tablas estadísticas se nutren de unas bases que serán renovadas conforme vayan cambiando las estructuras de gasto de las familias, y en su defecto, se modificarán como mínimo, cada cinco años. Pinchando aquí, tendrán acceso a una memoria explicativa sobre cómo se ha elaborado la calculadora y unas pautas sobre su uso.

Custodia compartida

Se eliminará la excepcionalidad de la custodia compartida

El Gobierno aprueba un anteproyecto de Ley en la que se eliminará la excepcionalidad de la custodia compartida.

Custodia compartidaHasta ahora, era vox populi, que en los casos de divorcios con hijos menores de edad, los jueces, casi en un 90% de las veces, otorgaban la custodia a la madre, y que solo en algunos raros casos, concedían la custodia compartida de ambos progenitores, y aún más raro, la custodia al padre en solitario. Sin embargo, parece que el Gobierno está decidido a cambiar esta situación, modificando para ello el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley del Registro Civil, en este sentido, el pasado viernes 19 de julio se aprobó un anteproyecto de Ley denominado oficialmente como de “corresponsabilidad parental en caso de nulidad, separación o divorcio”, adaptando la legislación matrimonial y las relaciones paterno-filiales a las transformaciones que ha sufrido la sociedad española en los últimos años.

Entre estos cambios, el más destacado sin duda es el citado, el que eliminará la excepcionalidad de la custodia compartida, en otras palabras, la custodia compartida dejará de ser una excepción a la regla general, convirtiéndose en la regla general, frente a la custodia monoparental que pasa a ser una excepción. Para ello se va a reformar el artículo 92 del Código Civil y se introduce un nuevo artículo 92 bis; el objetivo es eliminar las rigideces que tenía el sistema de custodia monoparental (custodia solo para la madre, o en los casos más raros, solo del padre). De esta forma ahora, será el juez el que decida, siempre actuando en busca del mayor beneficio posible para el menor, el régimen más adecuado en cada caso y también determinará los aspectos y el contenido de la relación parental, sin que la custodia compartida implique, necesariamente, una alternancia de residencia de los hijos con los progenitores en periodos iguales.

El juez pedirá al fiscal un informe no vinculante y estudiará las alegaciones de las partes, la opinión y deseos del menor y el dictamen de los expertos, además de todos los aspectos relevantes para el bienestar del menor: como su edad, el arraigo social, familiar y escolar; también se tendrán en cuenta las relaciones entre los progenitores, y de éstos con los hijos, la voluntad de cada uno de ellos de asumir su papel en el cuidado del menor, y sus posibilidades de conciliar la vida laboral y familiar.

Otra de las novedades que incluirá este anteproyecto es que la patria potestad se equiparará a la corresponsabilidad parental, dejando atrás el concepto del régimen de visitas, en favor del contacto cotidiano y frecuente entre los progenitores y sus hijos. Desde ahora se dejará de hablar de guardador o custodio, o de visitas, para pasar a hablar de convivencia, régimen de estancia, relación o comunicación con el no conviviente. También se tendrán en cuenta los derechos de los hijos menores a mantener relación con el resto de sus hermanos, abuelos y/o demás parientes y allegados.

El compromiso de esta Ley, ya para terminar y resumir, es que los menores puedan crecer en un entorno donde tengan presencia su padre y su madre, ya que se considera que en presencia de ambos progenitores, el menor no tiene que pasar por el trauma que puede ocasionarle la separación de sus padres, intentando que un hecho como éste, pase desapercibido para el menor, afectando en lo mínimo posible a los deseos de ambos progenitores de finalizar su relación sentimental, ya que tampoco sería justo obligar a dichos padres a una convivencia que no desean; pero tampoco es justo que los hijos menores paguen por dicha separación, y esta Ley busca precisamente complementar ambos derechos, aunque como siempre en derecho de familia, prima el beneficio de los hijos menores de edad sobre el de los progenitores.

Certificación de correos electrónicos

El correo electrónico certificado como prueba judicial

El correo electrónico certificado como prueba judicial también podrá ser usado junto al burofax.

Certificación de correo electrónicoMuchas veces nos ocurre que las comunicaciones con una empresa que nos presta un servicio, por regla general suelen ser, salvo excepciones, o bien vía telefónica; o bien vía correo electrónico. En este contexto, existe como una “leyenda urbana” consistente en qué, en caso de conflicto con una empresa que nos presta o ha prestado un servicio, o que nos ha vendido un producto determinado, tan solo el burofax, entendido como fax certificado con acuse de recibo, sirve como prueba ante los tribunales ordinarios, en caso de que quisiéramos iniciar actuaciones al sentirnos perjudicados en algo.

Si bien es cierto que el burofax es el medio probatorio por excelencia en este sentido y es el visto “con mejores ojos” por los tribunales ordinarios, no es menos cierto que no se trata del único medio probatorio existente. Muchas empresas de certificación electrónica generan actas de comunicación que demuestran la transmisión, el contenido íntegro y el acuse de recibo de todos los correos electrónicos que hayan sido validados, en otras palabras, convierten nuestros correos electrónicos en auténticos burofaxes, con la indudable ventaja que ello conlleva de cara a otorgarles un valor probatorio ante los tribunales ordinarios.

Y es que, a raíz de un auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 21 de marzo de 2013, se ha confirmado la validez jurídica, como medio probatorio, de las notificaciones realizadas vía e-mail entre, por ejemplo, un procurador y un cliente moroso; o entre un cliente y una empresa incumplidora. La razón de que el Tribunal Supremo haya tomado esta decisión radica sobre todo en el hecho de que el correo electrónico en cuestión que quiera aportarse como medio probatorio, haya sido validado por alguna empresa dedicada a las certificaciones electrónicas.

La tecnología, las empresas de certificación y la legislación (artículo 162 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), existían, pero faltaba la jurisprudencia del Alto Tribunal para corroborar lo que ya era un secreto a voces. Esto supone un verdadero espaldarazo al mercado de las comunicaciones digitales certificadas. Las ventajas, irónicamente, sobre el correo tradicional certificado o burofax, es que éste no siempre llega realmente a su destinatario, judicialmente se crea la presunción de que el burofax con acuse de recibo, da por notificado al interesado, pero en la realidad puede ocurrir que no siempre llega al destinatario; sin embargo, los correos electrónicos certificados a través de estas empresas especializadas, constituyen una herramienta perfecta para cerciorarse de que efectivamente el correo electrónico llegó al interesado y fue abierto, por lo que pudo ser visible su contenido.

Son muchas las empresas que se dedican a este mercado, entre ellas, Evicertia, Lleida.net European Agency of Digital Trust, llevan varios años ofreciendo este tipo de servicios. Y es que, un correo electrónico normal y corriente, puede ser impugnado ante un Tribunal con relativa facilidad: el correo pudo borrarse, pudo no ser abierto, pudo no llegar, etcétera, etcétera. El ejemplo más de rabiosa actualidad es el famoso “Caso Nóos”, que ha imputado a los Duques de Palma en una presunta trama de corrupción. Sin embargo, impugnar un correo electrónico certificado es casi imposible, ya que las empresas de certificación recogen todo tipo de pruebas de la comunicación, actuando como un tercero de confianza, y depositan ante notario las actas de comunicación que prueban la transmisión, el acuse de recibo, las fechas de envío, el contenido íntegro del correo, identidad del remitente, destinatario y direcciones IP de todos los implicados.

Hasta ahora, el correo certificado tradicional era la regla, y el correo electrónico la excepción, sin embargo, la legislación está cambiando, ya el nuevo Código Mercantil, por ejemplo, está orientado hacia la comunicación digital. En la Unión Europea hay una propuesta de Reglamento para 2014 que pretende desarrollar la temática de la “confianza electrónica”, liberalizando el mercado de las certificaciones electrónicas y apoyar este tipo de actos considerándolos comunicaciones fehacientes, lo cual supone otro espaldarazo más y puede que definitivo, a este nuevo mercado.

Para los expertos, en un futuro, no muy lejano, incluso la administración pública terminará por adoptar este sistema, incluyendo a la administración de justicia por supuesto, todo está siendo digitalizado, y en países como Alemania, Finlandia o Reino Unido, ya es una realidad. Además de todas estas ventajas, resulta ser un sistema mucho más barato que la certificación de correo tradicional y eso, en un periodo de crisis como el que atravesamos, es una indudable ventaja.

Reforma energética

Implicaciones de la nueva reforma energética

Implicaciones de la nueva reforma energética aprobada por el Gobierno el pasado 12 de julio de 2013.

Reforma energéticaEl Gobierno ha decidido poner fin de una vez por todas al temido “déficit de tarifa” que al parecer amenazaba con hacer caer el sistema eléctrico nacional con un “agujero” que supera lo 26.000 millones de euros y que cada año se venía incrementando en 4.600 millones de euros a causa de los desequilibrios existentes en el propio sistema. Las medidas tomadas por el Gobierno para atajar este problema buscan sobre todo establecer un marco legal para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico y mejorarlo de cara al consumidor, haciendo las facturas eléctricas más claras y legibles y favoreciendo la competencia entre operadores de cara a generar precios más competitivos que terminen beneficiando a los consumidores.

Estas medidas no son una novedad, desde 2012 el Gobierno ha estado introduciendo diferentes reformas para ir poco a poco atajando este problema. El déficit de tarifa tan famoso básicamente consiste en un grave desequilibrio entre el coste del sistema eléctrico; y los ingresos recogidos mediante las tarifas eléctricas. Dichos ingresos sencillamente son insuficientes para cubrir dicho coste; en este sentido y para garantizar la viabilidad del sistema, hasta ahora el Estado corregía dicho desequilibrio a través de los presupuestos generales del Estado; sin embargo, con el advenimiento de la crisis, el Estado no puede hacer frente a este gasto y como consecuencia, se ha ido generando una deuda con las compañías eléctricas que no ha dejado de crecer.

De no haber tomado medidas en 2012, actualmente el déficit se habría ido incrementando en 10.500 millones de euros anuales, en lugar de los 4.600 actuales; esto nos da una idea de la gravedad de la situación. Para corregir todo el déficit restante, la factura de la luz para el consumidor final tendría que crecer un 19%, y si no se hubiesen tomado medidas, un 42%. La nueva reforma energética aprobada el pasado 12 de julio implica repartir la carga de esos 4.600 millones de euros anuales entre tres actores: empresas, Estado y consumidores (nosotros); así, de estos 4.600 millones, 2.700 millones serían asumidos por las empresas a través de modificaciones en sus retribuciones; 900 millones serán asumidos por el Estado, a través de los presupuestos generales del Estado; y los 900 millones restantes serán asumidos por los consumidores a través de una subida de los peajes (los peajes es, dentro de la factura, la parte que pagamos por acceder a la red eléctrica nacional para obtener energía).

Tras corregir el desequilibrio, las medidas también implican cambios en las normas para que en un futuro no vuelvan a producirse dichos desequilibrios, haciendo más flexible el sistema para adaptarse a las nuevas circunstancias. Finalmente, el tercer pilar de las reformas consiste en garantizar el suministro eléctrico al menor coste posible para el consumidor, fomentando la competencia entre las empresas eléctricas para reducir costes, además, se hace más clara y legible la factura para el consumidor y se reforzarán los servicios de atención al cliente de forma obligatoria y se mantendrán los sistemas de protección para los consumidores más vulnerables.

Además, se reducirán los costes del sistema por valor de unos 2.700 millones de euros anuales. Para ello, se modificarán dos aspectos fundamentales de dichos costes: por un lado, las energías renovables. Aunque no se puede decir que las renovables por sí solas sean las culpables del déficit de tarifa, ciertamente la forma en la que los sucesivos Gobierno la han implantado no era la más adecuada. Y es que, aunque es una energía que presenta muchas ventajas (menor dependencia del petróleo y por tanto, del exterior; y energía más limpia y menos contaminante); también tiene otras muchas desventajas, entre otras, el mayor coste que tiene generar esta energía. De manera que generar un kilovatio de energía renovable es casi cuatro veces más caro que generarlo con energías no renovables. Hasta ahora, esta diferencia de sobre coste era asumida por el Estado en los presupuestos, pero al final, esto ha devenido en insostenible, cuando España se ha convertido en una de las mayores potencias del mundo en el uso de esta energía (la instalación de plantas generadoras de energías renovables estaba subvencionada por el Estado y a menudo también por la Comunidad Autónoma dónde se encontrase, lo cual las convertía en un negocio muy lucrativo).

La reforma lo que busca con las renovables es un nuevo régimen retributivo, las instalaciones recibirán una serie de complementos en compensación por su mayor coste, en atención a criterios tecnológicos (es decir, cuánto mayor sea el desarrollo tecnológico de una energía renovable, menos costosa será y por lo tanto, menos complementos necesitará), esto garantizará, a largo plazo, una rentabilidad razonable y reducirá los costes de dicha energía.

Otro elemento dónde se llevará a cabo el recorte de gastos será en las redes de transporte y distribución, se establecerá un régimen para las redes de transporte y distribución que establecerá una retribución homogénea adecuada a una actividad de bajo riesgo. También se establece un volumen máximo de inversión asumido por el sistema eléctrico como coste anual.

Otras actividades reguladas del sistema también sufrirán medidas de reforma como por ejemplo, una disminución del coste de producción eléctrica en las centrales de fuel extrapeninsulares e insulares. También se disminuye la retribución actual de los pagos por capacidad que perciben en la actualidad las centrales de ciclo combinado (las más comunes que funcionan con energías no renovables como gas natural) y además se introduce un mecanismo de mercado para calcular la interrumpibilidad. De la misma forma, se introduce un sistema de incentivos a la energía eólica y fotovoltaica en Canarias y Baleares, dónde éstas energías son más baratas que las convencionales. Finalmente también se contempla el cierre temporal de instalaciones (hibernación) para reducir los costes, siempre garantizando la seguridad del suministro.

Para terminar, la Tarifa de Último Recurso (TUR), a la que se acogen la mayoría de los usuarios domésticos, pasa a llamarse, Precio Voluntario al Pequeño Consumidor. La reforma habilitará nuevas comercializadoras para suministrar a estos clientes, permitiendo además la competencia entre ellas para que así ofrezcan ofertas y descuentos a los consumidores, además se agiliza el proceso de cambio de compañía suministradora.

También se reformarán los costes de los peajes, reduciéndose para los consumidores medios y penalizando a segundas viviendas y a viviendas vacías. Los consumidores más vulnerables podrán seguir acogiéndose al bono social.

 

El Decreto andaluz antidesahucios paralizado por el constitucional

El Decreto andaluz antidesahucios paralizado por el constitucional durante cinco meses.

Ha sido admitido a trámite el recurso que planteó el Gobierno ante el Tribunal Constitucional contra el Decreto andaluz antidesahucios ayer jueves. El hecho de que el constitucional admita a trámite este Decreto por sí mismo, implica que el Decreto quedará paralizado durante al menos cinco meses, mientras el constitucional decide sobre la citada norma y aclara si es o no encajable en nuestra constitución. Ahora el Tribunal trasladará la demanda al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno y al Parlamento andaluz, a través de sus presidentes. Ahora disponen de un plazo de 15 días para personarse y formular las alegaciones que estimen oportunas.

Pasados esos cinco meses, el constitucional deberá decidir y al final de dicho plazo, o bien la mantiene suspendida, o levanta la suspensión, lo que está claro es que esa ley dejará de funcionar durante los próximos cinco meses. El Decreto fue recurrido por el Gobierno el pasado 28 de junio de 2o13; el Decreto en sí prevé la posibilidad de expropiar viviendas vacías a los bancos para usarlos en alquileres sociales. El pasado 4 de julio de 2013, el constitucional dio la razón al Gobierno y consideró que existían razones suficientes para interponer recurso de inconstitucionalidad.

El Gobierno entiende que el Decreto afecta al contenido esencial del derecho a la propiedad de una vivienda, que es una norma reservada a las Cortes Generales, estableciendo una sanción que va al margen del principio de culpabilidad que rige la constitución y además actúa en contra del principio de igualdad. En este sentido, el Gobierno cree que una norma de este tipo, debería ser estatal para garantizar la igualdad entre todos los españoles, y evitar que cada Comunidad Autónoma tenga una normativa diferente al respecto, a esto le unimos las suspicacias que dicha norma ha levantado en el seno de la Unión Europea. No obstante el Gobierno ha reiterado el máximo respeto a la normativa constitucional, pero entiende que ésta debe estar en consonancia y armonía con la normativa europea.

Desde que el mencionado Decreto entró en vigor el 12 de abril de 2013, la Junta de Andalucía ha iniciado 12 expedientes de expropiación temporal sobre 12 viviendas, defendiendo que la norma es totalmente constitucional y tiene legalidad jurídica plena, respetando escrupulosamente el Estatuto de Andalucía y la Constitución Española.

Ahora queda esperar estos cinco meses para saber que será de esta nueva Ley Antidesahucios, si finalmente será de aplicación solo en Andalucía o bien será de aplicación a nivel nacional o bien será anulada por completo.

Cláusula Suelo

Recuperan 17.000 euros gracias a la anulación de una cláusula suelo

Unos clientes recuperan 17.000 euros gracias a la anulación de una cláusula suelo de un contrato hipotecario por parte de un juzgado de lo mercantil.

Cláusula SueloEl Juzgado de lo Mercantil de Vitoria, ha anulado una cláusula suelo de un contrato hipotecario de un 4,45%, con un techo del 12% establecido por un vecino de Murgia con la entidad financiera Caja Extremadura. El juez ha considera esta cláusula como absuiva y ha sido anulada en consecuencia. El cliente suscribió un contrato de préstamo hipotecario con garantía hipotecaria para la compra de viviendas en Extremadura, con un interés variable del Euríbor más 0,65%.

El cliente denunció el contrato de préstamo ya que consideraba desproporcionada la cláusula suelo del 4,45% con un techo del 12%, además, la entidad financiera no le informó los suficiente acerca de la inclusión de esta cláusula y el juzgado le ha dado la razón al cliente en ambos extremos, condenando a la entidad a devolver al cliente perjudicado la cantidad de 17.000 euros.

La sentencia se escuda para justificar su decisión en que el informe del Banco de España sobre las cláusulas suelo establece que es una forma de mantener un rendimiento mínimo en los préstamos hipotecarios para que las entidades puedan sufragar los gastos de producción y mantenimiento de estas financiaciones; sin embargo, el juez considera que el efecto beneficioso general de este tipo de cláusulas para el sistema financiero, no debe proyectarse sobre la relación jurídica individual con el consumidor si eso provoca la ruptura de la reciprocidad.

Además, para el juez existe una obvia mala fe por parte de la entidad financiera, ya que si nos fijamos, la cláusula suelo está al 4,45%, mientras que el techo está al 12%, con lo que se ha dado siempre la circunstancia de que la cláusula suelo ha sido aplicada en multitud de ocasiones, pero no así el techo del 12%, existiendo una clara dicotomía entre el techo y el suelo que perjudicaba claramente al cliente. También considera que la cláusula actúa de una forma desproporcionada y respecto a un riesgo que parece irreal dadas las circunstancias del cliente, por todo ello, se considera una cláusula abusiva. La entidad ha recurrido la sentencia en apelación.